Élida Romero criticó al juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, quien en diciembre pasado pidió una prórroga del plazo de la instrucción, porque consideraba que todavía debía realizar otros trámites antes de tomar una resolución sobre la situación procesal de los hermanos acusados de haber pagado a tres hombres y a una mujer para que dieran muerte a Ledesma.
“Él (por Aramayo) ya tiene que decidir”, sostuvo Romero en declaraciones a Nuevo Diario. “Delfin Castedo es el autor intelectual de la muerte de mi hija”, “Todo está dicho, hay pruebas, todo, no sé qué espera Aramayo”, insistió la mujer que es querellante, junto a su hijo Jesús Ledesma, en la continuidad de la investigación del crimen de la pequeña productora que fue asesinada luego de que denunciara desmontes ilegales y el cierre de caminos vecinales con el propósito de dejar zona de frontera liberada para actividades ilícitas.
La investigación judicial se dividió en dos partes, por un lado lo referido a los autores materiales, que fueron detenidos prontamente, y por otro lado lo referido a los autores intelectuales, prófugos desde finales de 2006.
Las condenas del 2010
La primera parte siguió su curso y en 2010 la Justicia salteña condenó a los autores materiales y a dos encubridores. En cambio, la causa contra los Castedo quedó a la espera de que los hermanos fueran puestos a disposición de la Justicia.
En el caso de Ula, fue extraditado de Bolivia (donde cumplió una condena por narcotráfico) a principios del año pasado, mientras que Delfín fue atrapado en julio en Buenos Aires.
A finales del año pasado, cuando ya los familiares de la víctima esperaban una resolución del juez actuante, Aramayo solicitó una prórroga de la instrucción para acceder a pedidos de la defensa de Delfín Castedo, que había solicitado una ampliación de la indagatoria y el testimonio de cuatro personas, tres de ellas provenientes de Bolivia.
Anteayer, el juez de Garantías en feria, Fernando Mariscal Astigueta, tomó declaración testimonial al fiscal de Materia de La Paz, Waldo López Paiva; al sargento segundo de la Policía Nacional de Bolivia, Hugo Teodoro Chambi Mendoza, y al periodista boliviano Richard Castillo.
Los tres se refirieron a la declaración prestada por el detenido Vicente Roa Aguirre, quien cuando se encontraba gravemente enfermo, dijo que él y un supuesto narcotraficante boliviano, Efraín Ichuta Vargas, habían dado muerte a Ledesma, por un conflicto por el comercio de drogas. Roa Aguirre ya falleció, por lo que la defensa de Delfín Castedo pidió los testimonios de quienes escucharon la supuesta confesión.
“Los bolivianos esos no sé cómo han venido a declarar a favor de Castedo, si por empezar ellos nunca la han conocido a mi hija”, aseguró ayer Romero, quien lamentó que, “como dicen, el muerto no declara”, aparezcan este tipo de afirmaciones.
