En el mismo sentido, afirmaron que las fincas El Pajeal y El Aybal “valen oro en polvo”, porque les permiten el paso por la frontera para la comsión de estos delitos. Por este motivo, insistieron en que “el Estado tiene la obligación de cautelar estos campos porque son objeto de delitos”.
Los fiscales hicieron estas afirmaciones en una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones en el marco de apelaciones presentadas por la Fiscalía y la defensa de Castedo, a cargo de Mariano Álvarez, en contra del procesamiento dictado en mayo pasado por el juez subrogante de Orán, Gustavo Montoya.
Álvarez sostuvo que este decisorio es nulo porque el mismo juez declaró la nulidad de una falsa indagatoria a Castedo (realizada en diciembre de 2013, por el entonces juez federal de Orán, Raúl Reynoso) y, por lo tanto, es nula la ampliación de la indagatoria hecha en septiembre de 2016, y es nulo también el mismo procesamiento.
Pero los fiscales afirmaron que ese acta fue fraguada de común acuerdo entre Reynoso y Castedo. “Contribuyeron dolosamente a fraguar la irregularidad que hoy le sirve para plantear el recurso de nulidad”, afirmó Iglesias, quien recordó que quien provocó la nulidad no tiene el derecho de plantearla luego, y sostuvo además que posteriormente, con la ampliación de indagatoria, fue subsanado cualquier error, porque se le exhibió detalladamente la prueba y la acusación.
Antes Villalba había asegurado que Reynoso “fue funcional a la organización” criminal que encabeza Delfín Castedo, quien fue detenido el 22 de julio del año pasado, tras casi diez años de permanecer prófugo de la Justicia provincial.
Los fiscales insistieron en pedir a la Cámara, integrada por los jueces Alejandro Castellanos, Ernesto Sola y Renato Rabbi Baldi Cabanillas, que “vuelva a reencausar” esta investigación, tras criticar la “visión atomizada y fraccionada de la prueba” que hizo el juez Montoya.
Es que además de oponerse a la nulidad planteada por los defensas, los fiscales hicieron sus propios planteos: que se embarguen las fincas El Pajeal y El Aybal, colindantes entre sí y que lindan con la frontera boliviana, por considerarlos “el epicentro” de la organización criminal que dirige Castedo, y que sigue operativa. Recordaron en este sentido que El Aybal tiene un camino que pasa a Bolivia.
También requirieron que se amplié la acusación a Castedo y a su mujer, Melba del Carmen Araujo, en la causa por el secuestro de 180 kilos de cocaína en diciembre de 2016 en El Quebrachal, hecho por el que están acusados Bernardo Flores y Ricardo Ervas, que trabajaba en El Aybal. E insistieron en que se indague al administrador de esta finca, Eduardo Torino, quien fue sobreseído por Reynoso en 2011 pero los fiscales lo acusan ahora por hechos de 2016.
“Estamos ante una organización que no solo se dedica al narcotráfico y se beneficia con el lavado de activos, sino que además mata gente y compra jueces”, aseguró Iglesias.
Villalba describió el funcionamiento de la organización: desde el fallecimiento del ex diputado José Ernesto Aparicio, Delfín Castedo es el director y coordinador; su hermano Raúl Castedo era el administrador de los bienes de la organización, entre ellos las dos fincas; Melba Araujo “tomó mayor relevancia luego de la detención de Castedo”. También integran la asociación Ervas y Torino.
Los fiscales también pidieron a los jueces que lean el procesamiento por “instigación” a cometer el asesinato de Liliana Ledesma dispuesto en mayo pasado por el juez provincial Nelso Aramayo, en contra de Delfín Castedo y de Raúl Castedo. Ahí se sostiene que el móvil de este hecho fue el desalojo de los campos para liberarlos para el narcotráfico.
