Sucedió en el largo juicio oral que se sigue contra el ex intendente Alcides Ontiveros (PJ) de Santa Victoria Oeste, , acusado por un supuesto fraude a la administración pública. “El intendente nunca trabajó en eso”, colaboró con el camión para el transporte y con el salón para las reuniones, “pero no tiene nada que ver. Es totalmente aparte”, aseguró el testigo.
Canteros fue el único que declaró en la audiencia de la víspera ante el Tribunal Oral Federal 1. Pedido por la defensa de los tres acusados, Ontiveros y las contadoras Mariana Tapia Aleman y Gabriela Aleman, el testigo afirmó que el ex jefe comunal no tuvo ninguna vinculación con el ahora cuestionado proyecto de siembra de aromáticas en comunidades de la puna salteña.
En cambio, aseguró que otro funcionario, de apellido Casasola, “estaba metido en todo”. También en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que comenzó a aplicarse en 2000, recordó.
Canteros fue concejal de Santa Victoria Oeste en 2002 y luego fue ayudante de Ontiveros, quien estuvo al frente de esta Municipalidad entre 1983 y 2003.
“Casasola estaba metido en todo, era director de Bromatología, estaba en otras áreas, sostuvo el testigo, que añadió que “los primeros” beneficiados de los planes fueron los familiares de aquel funcionario.
Funcionario municipal
Sin embargo, luego reconoció que existía una relación entre el intendente y Casasola, quien “siempre estaba en el municipio”.
El ex edil también aportó agua para el molino de la acusación, sostenida por los fiscales Carlos Amad y Francisco Snopek, al afirmar que para que los comuneros cobraran la asignación familiar “el presidente (de cada comunidad) era el empleador. La gente trabajaba y de ahí le pagaban la asignación familiar. La gente estaba fichada, como cualquier trabajador”, sostuvo.
A cambio de esta asignación los comuneros trabajaban 4 horas en el cuidado de plantas aromáticas que les proveía una empresa (con el compromiso de que luego les venderían la producción).
Esta supuesta estafa se habría cometido entre 1999 y 2001. La maniobra consistía en hacer figurar a los habitantes originarios como empleados de los presidentes de las comunidades, se les hacían firmar recibos de sueldos.
Dos causas acumuladas
La acusación sostiene que el ex intendente Alcides Ontiveros defraudó fondos de asignaciones familiares y del Plan Jefes y Jefas de Hogar, hechos que habrían provocado una pérdida de más de 570 mil pesos al Estado nacional. Por esta pérdida la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) es querellante en el proceso. En la audiencia de ayer estuvo representada por la abogada Gabriela Abut Carol.
Se trata de dos causas acumuladas para el juicio que comenzó a principios del año pasado y continúa con lentitud, sobre todo por los problemas para traer a los testigos, de Santa Victoria Oeste, Iruya y Nazareno. En una Ontiveros comparte acusación con Aleman por 276 hechos de defraudación; en la otra, está acusado junto con Tapia Aleman, por 201 hechos.
