El mandatario pidió ayer comparecer en el parlamento catalán el próximo martes aunque no develó si declarará la independencia de forma unilateral, todo apunta a esa estrategia en un intento por sortear un veto de la Justicia española y en medio de fuertes presiones políticas y económicas para que dé marcha atrás a su aventura secesionista.
Este será su nuevo paso de transmitir al Parlamento regional los resultados oficiales de la consulta del 1 de octubre, según los cuales hubo un 90,18% de síes a la independencia, con una participación del 43,03%.
Los resultados deberán aún ser proclamados, y a partir de ahí, la cámara catalana podría declarar unilateralmente la secesión en los días sucesivos.
Puigdemont se dirigirá a la cámara regional, donde los secesionistas son mayoritarios, la tarde del martes 10 de octubre, para "valorar los resultados y los efectos del referendo". De momento no se confirmó si el Parlamento declarará ahí la independencia.
No obstante, desde el partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), el socio del gobierno catalán en el proceso de secesión, el diputado Carles Riera, dijo que no hay "ningún elemento" que haga pensar que el presidente no cumplirá con su compromiso.
El Ejecutivo central de Mariano Rajoy, por su parte, se mantiene en la misma posición de firmeza, y exige a Puigdemont que "vuelva al orden constitucional para dialogar", sin dar todavía ningún paso drástico para abortar el proceso de secesión.
Puigdemont comparecerá en el Parlamento el martes y es una incógnita si intentará declarar la independencia, atento a la fuerte presion del gobierno central para que revise la propuesta secesionista.
Presiones de empresas y el FMI
Sumándose a una fuga de empresas que ignoró los incipientes signos de distensión entre Madrid y Barcelona, el gran banco catalán CaixaBank y Gas Natural anunciaron el viernes que se iban de Cataluña por el pulso independentista.
Su salida se anunció después de que el gobierno de Mariano Rajoy introdujese una modificación en la ley de sociedades que facilita el traslado, incrementando la presión sobre las pretensiones independentistas, si bien rebajó el tono al pedir disculpas por los heridos en el referéndum prohibido del domingo pasado.
Entre quienes decidieron irse también figuran el Banco Sabadell, el Banco Mediolanum, la empresa de dietética Naturhouse o la de telecomunicaciones Eurona.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la tensión "podría pesar en la confianza y las inversiones" en la economía española, la cuarta de la Eurozona.
Pese a ello, "la previsión para la economía española es robusta", y se mantiene en un crecimiento del 3,1% para este año, puntualizó Andrea Schaechter, la jefa de la misión del FMI en España, al presentar un informe sobre la situación del país.
Fuga de empresas en Cataluña
Tras el decreto que emitió el gobierno de Mariano Rajoy, se suman las empresas que se van de Cataluña.
La multinacional española Gas Natural Fenosa decidió trasladar su sede de Barcelona a Madrid, luego de que el gobierno del país aprobara el decreto que facilita la salida de sociedades de Cataluña ante el temor a que la región declare su independencia.
La decisión de Gas Natural se suma a la ya adoptada esta semana por el Banco Sabadell, la quinta entidad financiera de España, y por otras grandes empresas preocupadas por la incertidumbre económica generada ante la posibilidad de que Cataluña declare su secesión.
Fuentes financieras citadas por la agencia de noticias española EFE dijeron que la decisión de Gas Natural Fonseca fue adoptada por el consejo de administración de la multinacional en una sesión extraordinaria celebrada en su hasta ayer sede de Barcelona. El traslado se adoptó horas después de que el gobierno central del presidente conservador Mariano Rajoy aprobara un esperado decreto ley que facilita el cambio de sede social de empresas entre comunidades autónomas, lo que permitirá acelerar la salida de las sociedades que quieran abandonar Cataluña.
"La política irresponsable del gobierno de la Generalitat (Ejecutivo regional catalán) genera incertidumbre e inquietud en el ámbito empresarial", aseguró el ministro de Economía español, Luis de Guindos, luego que el Consejo de Ministros aprobó el decreto que el Ejecutivo del conservador Partido Popular (PP) pactó con el opositor Partido Socialista (PSOE).
