En el plano general, si uno mira el mapa latinoamericano de conflictividad desde 2010 a 2016, hay dos sectores productivos de importancia que han tenido altos niveles de conflictos, la megamineria y el petróleo, siendo la primera cabeza del ranking. Este incremento de la conflictividad alrededor de la minería se ha dado en varios países, no solamente en aquellos que tienen una tradición de minería a gran escala como Chile, Perú y Bolivia, si no también en aquellos que no tenían una tradición a gran escala como Argentina y Ecuador. Sin embargo, podemos enumerar algunos casos, por ejemplo, el conflicto por la carretera del Tipnis, Bolivia. La megamineria en Famatina en San Juan. La Mega Represa de Belo Monte, Brasil. Fin del proyecto Yasuni en Ecuador. Mega proyecto canal de Nicaragua. Megaproyecto la Colosa, Colombia y Megaproyecto Pascua-Lama entre Chile y Argentina. Muchos, incluso han sido conflictos transfronterizos.
Cada uno de los conflictos tiene la particularidad de dar visibilidad en la agenda pública, a veces de manera muy temporaria, a un tipo de conflicto extractivo, sin embargo entendemos que las sociedades reaccionan a lo que llamamos “problema” a un conjunto de mediaciones simbólicas que vienen junto a un proceso de selección y definición de las instituciones. De manera que el foco de conflictividad puede aparecer o no, pero pueden surgir otras demandas y problemáticas de otra índole. Si los conflictos permiten la construcción e instalación de un problema en el espacio público, es porque se ha generado un escenario y una temporalidad de intercambios de creencias y argumentos que representan la inscripción a prácticas sociales que son llevadas a la esfera de lo público. Si la dinámica del conflicto apunta a la mediana o larga duración, esto indica que estamos frente a un fenómeno complejo, ligado a procesos sociales de mayor alcance.
Es decir, estamos analizando la conflictividad desde un punto de vista en el que no solo conflictos ambientales representan focos de disputa de carácter político y que generan tensiones en las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos en cada comunidad o región. Si no también, como los mismos ponen en cuestión las relaciones de poder que facilitan el acceso a dichos recursos, que implican la toma de decisiones sobre su utilización por parte de algunos actores y la exclusión de su disponibilidad para otros actores. Se trata de situaciones de tensión, oposición y/o disputa en la que no solo están en juego los impactos ambientales. En muchas ocasiones, la dinámica y evolución del proceso contencioso, lleva a poner en evidencia dimensiones económicas, sociales y culturales inatendidas.
El caso particular de Posco ya desató una ola de inquietudes, como los de proveedores mineros que ven con preocupación este asunto y han requerido “transparentar la gestión de compra de las mineras frente a la sociedad y frente a las legítimas empresas locales que trabajan con la minería”; como así también la adjudicación de obras a empresas que tienen accionistas coreanos o chinos. Por otro lado, el subsecretario de Trabajo y Producción de Empleo de la Municipalidad de Güemes, explicó que gente de su pueblo fue a reclamar por la presencia de mano de obra de Perú, México y Corea y que habían entrado ilegalmente por el Norte y por Buenos Aires, con visa de turistas y no de trabajo. Al mismo tiempo, el secretario afirma que pudieron advertir esto luego de un problema sindical que hubo dentro de la empresa, donde muchos trabajadores afirmaban no tener oportunidad.
Entendemos que se combinan factores de todo tipo en este asunto, que deja al menos varios interrogantes para plantearnos, como por ejemplo el accionar de la secretaría de Trabajo. Otro punto es que la minera se encuentra en el Salar del Hombre Muerto, una zona denominada de cooperación entra Salta y Catamarca, donde ya existieron problemas limítrofes sin resolución de fondo.
Los interrogantes pueden ser variados para pensar en el marco de un posible escenario de conflictividad ¿Puede Posco transformarse en un caso testigo para otras empresas; puede remover un avispero hasta ahora en calma y que se traduzca en un posible conflicto por reivindicaciones de tipo social, laboral y ambiental? ¿Puede generar una disputa entre empresas locales y de origen extranjeros? Si la crisis económica del país se profundiza, ¿qué posibilidades hay de que la mano de obra local disponible comience a presionar por mayores puestos de trabajo en el sector minero a fines de reemplazar la mano de obra extranjera? La otra duda es ¿Hasta dónde los gobiernos nacionales, provinciales
o municipales pueden abordar algunas problemáticas existentes para evitar un escenario de conflicto y más aún, convertirlos en fuente de desarrollo?
Ezequiel Rojas Frondizi.
Sociólogo
