DEMORAS EN LA JUSTICIA

El Intendente de Salvador Mazza también acusado de golpeador

Ahora también concejales del cuerpo deliberativo de Profesor Salvador Mazza se reunieron con las directoras del Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVcM) para pedir asesoramiento por la denuncia de violencia de género que tiene el intendente de esa ciudad, Rubén Méndez.

NDS |

Concejales de Salvador Maza pidieron intervención al OVcM para asesorarse sobre las acciones judiciales a seguir.
Concejales de Salvador Maza pidieron intervención al OVcM para asesorarse sobre las acciones judiciales a seguir.

El jefe comunal de Salvador Maza se sumó al grupo de denunciados por violencia de género que tramitan en la justicia contra el diputado provincial, Jorge Guaymás, y el concejal del PRS en Orán, Rafael Eduardo Ruiz

Ayer 8 de los 9 concejales de ese cuerpo deliberativo encabezados por su presidente Fabián Conrado Nieto informó a las directoras del Observatorio, las acciones realizadas en relación a las denuncias contra el mandatario comunal al indicar que desde el Concejo se solicitó a la Fiscalía Penal de Salvador Mazza y a la Comisaría de la Unidad N° 40, que informen si existían antecedentes de supuestos actos de violencia de género cometido por el jefe comunal. Pero las respuestas nunca llegaron.

Conrado Nieto indicó a Nuevo Diario que esos pedidos se realizaron el pasado 9 de enero, cuanto tuvo lugar una sesión especial para tratar sobre la denuncia, convocando a la reunión amparados en lo establecido por la Constitución de la provincia. Y es que en dos ocasiones anteriores habían solicitado la convocatoria al intendente Méndez sin obtener respuestas.

Ayer, los concejales fueron a reunirse con los referentes del Ministerio de Seguridad a fin de solicitar su intervención para que pueda gestionar los informes solicitados a quienes están al frente de la Comisaría. Conrado Nieto indicó que también se arrastran otras problemáticas con la intendencia, dado que desde el Ejecutivo comunal se dejó en más de una ocasión a los concejales y sus secretarios sin cobrar.

Respuestas del Observatorio

Desde el Observatorio, en tanto, su presidenta  Alfonsina Morales, reiteró la preocupación del organismo ante la recurrencia  de hechos de violencia por parte de funcionarios públicos. Y ratificó su compromiso en promover normativas que permitan a cada institución pública la sanción de estos hechos.

Además, remarcó la importancia de contar con un área específica que atienda los casos de violencia de género en cada municipio. Y ofreció la colaboración del OVcM para la conformación de dicho espacio en Salvador Mazza.
Mientras, en los casos de las denuncias de violencia de género al menos por ahora, existe desconocimiento de las acciones a seguir.

Una recomendación sin aparente eco

Tania Kiriaco, una de las directoras del Observatorio, manifestó su preocupación por algunas demoras que se generan en la Justicia cuando se piden los informes a raíz de las denuncias por violencia de género por parte de quienes son funcionarios del Estado. 

Ya anteriormente, desde el Observatorio se había manifestado preocupación por la "falta de celeridad del Estado en sancionar a funcionarios denunciados por violencia de género o que ejercen acciones o expresiones sustentadas en la misma, conforme lo establecido en la Ley Nacional 26.485, en su artículo 7 y concordantes". 

Ante ello habían emitido la Recomendación N° 2 que indica "establecer normativamente como requisito para acceder y/o permanecer en cargos públicos en carácter de funcionario público, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, no registrar antecedentes de violencia familiar, de género o contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades. (Apartado 1, Recomendación Nº2/2016)".

Ya en aquel momento desde la entidad se manifestaba preocupación ante la reiteración de conductas en funcionarios que encuadran en estos delitos aunque la normativa vigente establece claramente que los Poderes del Estado deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de géneros, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, según lo indicado en normativas supranacionales.

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