En los articulados de la normativa -que pasa al Poder Ejecutivo Provincial para su promulgación- se establecen que los valores surgirán en base a una unidad denominada "ius", que equivale al uno por ciento del sueldo de un juez de primera instancia con ocho años de antigüedad.
Al fijarse dicha unidad los honorarios se actualizarán acorde al incremento de ese haber, sin necesidad de modificar la ley en forma constante. El proyecto de ley provino desde Diputados en revisión y el Senado compartió la iniciativa del presidente de la Cámara baja, Manuel Santiago Godoy, la que tuvo además consenso desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, que hizo aportes al respecto.
Godoy, el autor de la ley, explicó que el texto surgió de un trabajo conjunto con el Colegio de Abogados de Salta, quienes plantearon inicialmente la necesidad de contar con una ley que reemplace el vigente Decreto Ley 324 que data de 1963, o sea hace 54 años, el que permite regulaciones de honorarios que en algunos casos son irrisorios.
Entre los principales motivos que fundamentaron el proyecto de Ley se encuentra la necesidad de una actualización debido a la gran cantidad de profesionales jóvenes que ejercen el derecho y que deben tener garantizado un piso de protección mediante el establecimiento de, por lo menos, los aranceles mínimos que deben cobrar. "Con esta Ley evitamos que exista una especie de competencia desleal entre profesionales, que en su afán de conseguir clientes rebajan al máximo sus honorarios a pesar de tener carácter de alimentarios", afirmó Godoy.
Otro aspecto fundamental es que una vez puesta en vigencia la ley, la nueva escala también será de referencia y cumplimiento para los magistrados cuando tengan que regular los honorarios en un proceso judicial. La nueva ley con valores actualizados clarificará a quienes contraten un abogado o procurador cuales son los montos que se establecen ante cada trámite y asesoramiento que impliquen la intervención de un profesional.
Microtráfico de drogas
Las senadoras Ana Guerra (Cafayate) y Berta Gerónimo (Cachi) -ambas de la UCR-, impulsaron el pedido de informe que requiere al Jefe de Gabinete Carlos Parodi y al ministro de Seguridad Carlos Oliver las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo en materia de abordaje, prevención, lucha y sanción del micro tráfico en la provincia, desde 2016 a la fecha.
También solicitaron den a conocer los indicadores de efectividad e impacto social y detalles de la planificación y proyección para el resto de este año y el próximo.
