Se pide además al Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta que inicie medidas necesarias para impugnar esta suba en la electricidad, con el fin de proteger a la familias de la Capital. La iniciativa fue presentada por la concejal Lihue Figueroa, del bloque FPV.
El incremento tuvo luz verde por parte del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Salta, que decidió autorizar la suba de la tarifa del 20,35 por ciento para los usuarios de las categorías TR1, TR2, Plan Estímulo y Tarifa Social, que representan el 88,56 por ciento de los clientes de toda la provincia. La suba se hará efectiva a partir de junio. Son más de 311.100 usuarios que se verán afectados. Recordemos que las subas comenzaron en el 2015 y suman hasta la actualidad un 93%.
El incremento de la energía eléctrica no sólo afecta a las familias sino también a los factores productivos, el turismo, comercio y los servicios. La suba es superior a los incrementos salariales acordados por la provincia, que fue del 16%.
Por cuestiones administrativas se suspendió en la Justicia la aplicación del incremento en la provincia de Buenos Aires al hacer lugar a una medida cautelar. El Defensor del Pueblo, que realizó la presentación, fundamento que el aumento afectaba los intereses económicos de los consumidores y que "no se demostró correlación entre los ingresos medios de las familias y el aumento".
En ese sentido, la resolución solicita al Defensor del Pueblo local que tome las medidas necesarias para proteger los salarios de la familias, sobre todo de las más vulnerables que son afectadas directamente por esta medida.
