Arévalo dijo a Nuevo Diario que la ocupación ancestral de su comunidad fue relevada “hace como 4 años” de acuerdo a la ley Nº 26160. “La gente es de ahí, nativos de ahí, hay un cementerio” que hace 5 años quedó dentro del alambrado de la Finca, una extensión de unas 4600 hectáreas, contó.
La comunidad esperaba poner fin a la falta de agua con la construcción de un pozo, por intermedio de la municipalidad de Ballivián y el gobierno provincial, pero esta obra debió ser suspendida, debido a que el 30 de abril la empresa intimó al intendente Samuel Córdoba a levantar lo construido, retirar la maquinaria y desalojar a las familias indígenas.
Desde el Ministerio de Asuntos Indígenas se informó que ya se iban a comunicar con AJL recordándole que las comunidades están protegidas por la ley Nº 26160 y no pueden ser desalojadas mientras dure la emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que tiene vigencia hasta 2021.
“Yo quería saber por qué no se puede construir un pozo ahí”, insistió Arévalo. El cacique dijo que el 14 de mayo levantaron la protesta con el compromiso de concejales de que “se iba a resolver el caso”. “No tengo duda de que la empresa tiene que dialogar con nosotros, no mandar la fuerza pública”, sostuvo.
Recordó que vio al que se dice dueño de la finca hace 5 años. “No ha vuelto más (...). Yo quiero ver a esa persona”. Dijo que también las familias quedaron dentro del alambrado y que por ahora la municipalidad les manda agua en un camión, insuficiente para criar animales. La empresa también quiere que levanten 8 casillas, parte de un total de 30 que debía construir el IPPIS.
