Según el diario, el Gobierno Nacional dejaría de enviar fondos para viviendas y pagaría directamente a las empresas, lo que fue negado por el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, de acuerdo a lo informado por Telam. Sin embargo, reiteró que profundizará los controles para que esos recursos tengan la construcción como destino final y no otros pagos discrecionales.
Consultado al respecto, Jorge Banchik, presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, sostuvo que de ser asi “a nosotros no nos cambia en nada porque los cheques desde Nación llegan a nombre de cada empresa. Lo único que tiene que hacer el empresario es presentar la factura y la certificación del avance de obra y nos pagan”.
Explicó que en el caso de Salta los empresarios tienen dos fechas de corte, el 5 y 20 de cada mes. “Si presentamos antes del 5 nos pagan cerca del 15 y si entregamos el 20 nos pagan entre el 5 y 7, no tenemos mayores retrasos”, agregó.
También indicó que como empresario cree que en Salta las cosas se hicieron bien. “La plata que llegó se usó para pagar a las empresas, porque en todo lo que es fondo Fonavi las provincias tienen libre disponibilidad y la mayoría de las provincias lo usaron para cuenta corriente o para cubrir la caja.
Pero en el caso de Salta, toda la plata que entra llega a una cuenta específica y nunca se la usó para otra cosa que no sea vivienda, es lo que yo veo, aunque puedo estar equivocado”, señaló.
Remarcó además que en Salta la construcción no se detuvo, lo que si ocurrió en otras provincias por la falta de pago de Nación. En tanto, Amaya reiteró la postura oficial de incrementar los controles para que los destinos de los fondos sean finalmente para viviendas “y que no se use para pagar la luz u otros gastos ordinarios como ha pasado”.
En ese sentido, dijo que en el interior les gustaría que se derogue la ley de 2001 que permite a las provincias redireccionar discrecionalmente los fondos del Fonavi, “porque la situación del país es distinta hoy”, aunque consideró que eso “es materia de decisión del Congreso”.
