Lo expresaron en un documento preliminar del Comité para la Eliminación sobre la Discriminación Racial, que se enmarca en la ONU. Se manifestó entre muchos otros puntos la preocupación en Argentina por "los casos de desnutrición de niños pertenecientes a comunidades indígenas".
También lamentó "las dificultades de acceso al agua de las comunidades indígenas, acceso que se ve además dificultado por la falta de titularización de sus tierras y las actividades de las empresas que explotan recursos naturales".
Así surge del documento en las que se publican las observaciones finales del comité en la convocatoria que tuvo lugar entre el 2 y el 5 de diciembre pasado. Ante ello, recomendó al estado argentino redoblar los esfuerzos "para hacer frente a la situación de malnutrición infantil", que afecta particularmente a los pueblos indígenas.
Si bien se destacó el reconocimiento del Estado del carácter pluriétnico y multicultural de su población, lamentó que pese a existencia de las leyes que protegen a los pueblos indígenas sea inexistente "un marco legislativo completo y mecanismos adecuados que pongan en práctica de manera plena y efectiva estos derechos de manera uniforme en todo el territorio del Estado".
Leyes sin cumplir
Entre los puntos reclamados (y que vienen siendo permanentemente cuestionados al menos en Salta por las comunidades originarias", apuntó a la falta de una normativa que regule los procedimientos de consulta con miras a la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; y de los mecanismos efectivos para llevar a cabo dichas consultas.
En este punto es que puso sobre el tapete el "reducido número de consultas en el Estado parte; y que cuando éstos se producen es con un carácter discrecional y sin respetar los estándares internacionales".
Cuestionó el hecho de que se incumpla todavía con la regularización dominial del territorio indígena (establecido por la Ley 26.160), al indicar que si bien el procedimiento se llegó a cumplir en unas seis provincias de la Argentina, este aún no se tradujo en el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria.
Alto números de desalojos
Otra de las observaciones del Comité apuntó al alto número de desalojos de los pueblos indígenas que se llevan a cabo a pesar de la vigencia de la Ley 26.160, y particularmente por los incidentes con alto nivel de violencia contra comunidades indígenas, bien en procesos de desalojo o en protestas contra los mismos.
En este punto apuntó a las detenciones realizadas en 2009 de algunos dirigentes indígenas, como también solicitó ajustar a derecho la situación de la dirigente Milagro Sala, detenida ya hace casi un año en Jujuy. sumaron a los lamentos la falta de investigación de las denuncias que hacen las comunidades y por lo tanto de sanciones a quienes las vulneran.
