Las testigos confirmaron que Ledesma creía que iba a sufrir un ataque, y adelantaba que si le pasaba algo era responsabilidad de los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Ula” Castedo, y del entonces diputado José Ernesto Aparicio (fallecido).
Las periodistas fueron convocadas a declarar por el juez a cargo de la causa, Nelso Aramayo, de Tartagal, porque a mediados de 2006 entrevistaron a la víctima, cuando ella, junto a Sergio Rojas, llegaron a la ciudad de Salta para denunciar el cierre de caminos vecinales en la zona rural de frontera con Bolivia, además de la existencia de desmontes ilegales.
También vinculaban el cierre de los caminos vecinales con la intención de liberar la zona para el contrabando de mercaderías ilícitas y de estupefacientes. César y Poma testimoniaron el miércoles último, mientras que Corvalán dio su testimonio el 27 de marzo.
Poco antes que fuera asesinada, el 21 de septiembre de 2006 en Salvador Mazza, Ledesma y Rojas llegaron a la ciudad de Salta, donde presentaron una nota en la Cámara de Diputados, solicitando, en nombre de la Asociación de Pequeños Productores de Madrejones, que se interviniera para asegurar la libre transitabilidad de los caminos vecinales.
Luego, en un intento por llamar la atención sobre la gravedad de su situación, fueron a FM Noticias, donde fueron entrevistados en dos oportunidades, por Poma y César respectivamente, y posteriormente visitaron la redacción de Nuevo Diario, donde fueron entrevistados por Corvalán.
En todos los casos contaron de los problemas que los campesinos enfrentaban en la zona de Madrejones por la decisión de Aparicio y los Castedo de cerrar los caminos vecinales que permitían el paso a los puestos más distanciados del pueblo.
Aunque los portones que cerraban el paso se habían instalado cerca de la finca El Pajeal, que figura a nombre de la familia Aparicio pero que en la práctica es administrada como suya por los Castedo, el camino es de uso vecinal, según lo declaró incluso el Concejo Deliberante de Salvador Mazza. Liliana Ledesma sostenía que este cierre de caminos obedecía a la intención de obligar a los campesinos a abandonar el lugar, dejándole libre de testigos para el contrabando de drogas ilegales.
Además, en los encuentros con las periodistas exhibió fotografías de construcciones precarias en el monte a las que sindicó como “cocinas” o “laboratorios” para la preparación de cocaína que estaban instaladas, dijo, en la zona de la finca El Pajeal.
El trámite de la causa continúa con una serie de medidas solicitadas por el abogado David Leiva, que junto a su colega Julia Pereyra, representa a la querella de la familia Ledesma.
