Con la firma de su presidenta, Isabel Soria, la Fundación hizo un repaso de las principales acciones que realizó en este año. Entre éstas destacó el trabajo conjunto con los Consulados de Argentina y Bolivia; representantes de instituciones y organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de ambos países con el propósito de establecer un protocolo de actuación frente a víctimas de trata.
Recordó que en este marco se acordó “mantener en examen la adecuación y la eficacia de la ley con las prácticas en la protección de las víctimas de trata; diagramar un plan de acción dirigido a reforzar la protección y ayuda (...); prevenir y combatir la trata de personas, y promover la cooperación entre los Estados partes”.
El informe recordó también que en las comisiones que vienen trabajando el protocolo se estableció la necesidad de realizar “campañaspermanentes de sensibilidad sobre la problemática, a nivel nacional, regional y en zonas de frontera, con el fin de brindar información a la comunidad de ambos países sobre la trata en todas sus formas: sexual, con fines de explotación laboral, trabajo infantil”, con la difusión de los números de teléfonos (145 y 142) y lugares donde realizar denuncias en ambos países, con especial intervención de los medios de comunicación nacionales, y locales de las jurisdicciones de mayor riesgo”.
El informe recomienda además que el protocolo de búsqueda de personas del Ministerio de Seguridad de la provincia sea adecuado con el que de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Asimismo, considera necesario hacer cursos de sensibilización y prevención en los concejos deliberantes salteños, sobre violencia de género y trata de personas.
En cuanto a las personas que son víctimas de trata, indica que un alto porcentaje, 40%, son “con fines de explotación laboral” rural, que generalmente son trasladados “a r de empresas empresas subcontratistas” y por lo general suelen vivir “en condiciones infrahumanas”.
