Sola, que reside en Salta, fue despedido el 1 de marzo pasado, “por correo electrónico, en una línea, sin indemnización, respondiendo a otro correo en el que informaba que mi esposa está embarazada”, informó el abogado.
El letrado ingresó a la Defensoría el 1 de agosto de 2014, por un acuerdo con el obispo de Humahuaca, cuya diócesis tiene una larga trayectoria de trabajo en el área de derechos humanos y derechos indígenas, cuestiones en las que se especializó y cuenta con antecedentes en este campo.
Sola dijo a Nuevo Diario que el 9 de febrero informó que su mujer estaba embarazada, le respondieron recién el 28, “diciendo que el contrato que vencía ese día no se renovaría, un contrato que desconozco” y al día siguiente le liquidaron sólo los haberes pendientes.
El abogado contó que por teléfono le dijeron que el despido obedecía “a razones presupuestarias”, sin embargo, fue el único despedido y su categoría no era la más alta.
ATE, gremio al que Sola está afiliado, intentó mediar en esta situación, en esa gestión a una integrante del gremio le dijeron que “el tema era político, que la decisión era de Carlos Haquim, ex Defensor del Pueblo y actual vicegobernador de Jujuy” y quien designó como suscesor al actual Defensor interino, Juan José Bockel.
Según esta fuente, el despido “tiene que ver con el obispo de Humahuaca”. Es que a principios de febrero pasado, durante la visita del presidente junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a Humahuaca, el obispo Pedro Olmedo les pidió en su homilía “que dejen de gobernar para los ricos y gobiernen para los pobres”, entre otros reproches.
Sola rechazó el despido considerándolo “arbitrario y discriminatorio” y pidió su reincorporación. Pero, con la firma de Bockel, la Defensoría rechazó todos sus argumentos, incluso la posibilidad de indemnizarlo, aduciendo que el 28 de marzo había llegado a su fin un contrato supuestamente suscripto por Sola, “algo absolutamente falso”.
El letrado precisó que desde el momento de su ingreso “hasta el 28-02-18” trabajó “de manera ininterrumpida”, cobrando todos los ítems, sueldo, aportes jubilatorios, licencias, obra social, seguros, viáticos por comisiones.
La Prelatura de Humahuaca y la Nación ya venían trabajando de manera articulada, “ya existía un convenio marco” y Sola “también venía articulando acciones con la Defensoría como abogado”.
Con el contrato, se le asignaron funciones en la Prelatura “en relación a actividades vinculadas a DDHH y con la Oficina de Derechos Indígenas del Defensor del Pueblo”. En este trabajo reportaba a las directoras de la oficina de Derechos de los Pueblos Indígenas, Antonieta Prates primero y Daniela Pearce durante el último año.
“En ese marco tuve intervención en la mayoría de los expedientes que allí tramitaron, colaboré en la redacción de proyectos de recomendación, viajé a territorio, ejercí representación institucional”, sostuvo Sola. Sin embargo, en 2017 comenzaron a quitarle tareas.
