Las propiedades en conflicto, como ya se conocen, son tres. La principal se trata de la finca Tres Pozos, propiedad del grupo Almanzor S.A., que tiene como apoderado de dicho terreno a Huberto Bourlon de Rouvre, quien según lo trascendido, ya firmó el acuerdo con las comunidades aborígenes en puja.
Las otras dos fincas en conflicto, en tanto, se tratan de propiedades vecinas a la finca Tres Pozos, cuyos propietarios Angel Sánchez y Ortega Velarde, radicaron denuncias en contra de aborígenes de distintas comunidades, quienes se apostaron en el denominado “Camino de la Invernada”.
Los aborígenes iniciaron las protestas luego de que la parte baja de la finca Tres Pozos fue arrenda para la explotación ganadera, actividad que los indígenas consideraron perjudicial, ya que el ir y venir de las reses endurecerá el suelo y cuando inicie la etapa estival las lluvias inundarán con mayor facilidad sus viviendas, ubicadas más abajo.
A este reclamo, posteriormente se sumaron otros, tanto de parte de los aborígenes como de los propietarios de las fincas, quienes radicaron denuncias penales uno en contra de otros, tanto por usurpación y daños, como por amenazas, abuso de arma de fuego, entre otros delitos.
Frente a estas denuncias, y tal como lo prevé la legislación penal vigente, la fiscalía dio curso al sistema de mediación penal, recurso a través del cual las partes elaboran soluciones alternativas que luego, ante la presencia de un mediador, son tratadas en busca de allanar las diferencias.
En ese marco, las partes llevaron adelante varias reuniones previas en las que se analizaron posibles soluciones, las que fueron tratadas la semana pasada por una mediadora, sesiones en la que surgió un acuerdo parcial entre los propietarios y siete de las nueve comunidades aborígenes en conflicto.
No se descarta que en los próximos días las dos comunidades que restan firmar el acuerdo se sumen, y de esta manera el conflicto llegue a su fin. En cuanto a los términos del acuerdo, las fuentes informaron que el mismo permanece confidencial.