Esta semana sabrán si el Colegio que los agrupa presentará la acción de amparo y de no ser así, lo harán como autoconvocados.
Clara Avilés, psicopedagoga autoconvocada, explicó a Nuevo Diario que buscan ser incluidas en el Registro Nacional de Prestadores y que sea el Colegio Profesional de Psicopedagogos el que presente un amparo, ya que a través de la Resolución 276/18 de la Superintendencia de Salud no son reconocidos por las obras sociales como prestadores para atender a personas con discapacidad al tener títulos no universitarios, sumado a que desde abril no se les paga los servicios ya dados en su mayoría a pacientes con discapacidad.
Para los profesionales del área, las obras sociales y prepagas comenzaron a dar de baja a los prestadores que no se encuentran en el Registro Nacional, al que sólo se accede con título universitario, para que la Superintendencia de Salud les pague los servicios de salud por discapacidad a través del mecanismo Integración, que reemplazó al “Reintegro por el Sistema Único” (SUR).
“La mayoría de los psicopedagogos de Salta son egresados de Terciarios porque no está la carrera en el norte. Se olvidan que por resolución del Ministerio de Salud de la Nación se nos reconoce el título y se avalan todas las incumbencias profesionales. La única diferencia entre una licenciada y una psicopedagoga terciaria es que la licenciada puede hacer investigación. Las incumbencias son las mismas”, sostuvo Avilés.
El IPS sí
La profesional remarcó que por una resolución provincial son reconocidas como agentes de la salud pública. Hasta ahora la única obra social que no eliminó de su padrón a estos psicopedagogos es el Instituto Provincial de la Salud (IPS) debido a que adhirió a una prórroga que emitió la Superintendencia para el cumplimiento de estos requisitos de título.
“El área de la discapacidad es la mayor fuente de trabajo del psicopedagogo porque ni Educación ni Salud nos habilita cargos ya sea como asistente escolar o agentes de salud. Lo que pasa con las obras sociales tiene un daño colateral porque los pacientes se quedan sin sus prestadores quienes ya han establecido un vínculo con el psicopedagogo y se quedan sin cobertura”, sostuvo Avilés.
Salta, sin presentar amparo
Por último, disparó contra el Colegio de Psicopedagogos por no presentar el amparo apenas se publicó la resolución, siendo Salta la única provincia que no lo hizo hasta ahora. Esta situación generó disconformidad entre los colegiados.
“El Colegio nos informó que pidió una prórroga por cinco años para la aplicación de esta Resolución y que hasta ahora no tiene novedades, pero esa no es la solución, sino que nos incorporen al Registro Nacional”, dijo.
