El histórico gremio que conduce Julio Piumato enfrenta los embates de trabajadores, que le reprochan falta de apoyo a la hora de denunciar condiciones laborales injustas, como aseguran que ocurrió en el Juzgado Federal de Orán mientras estuvo bajo el mando de Reynoso.
Las críticas se acentuaron cuando se hizo pública la acusación del otrora subdelegado y congresal titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Diego Palacios, quien sostiene que Piumato intentó obtener favores sexuales de su pareja a cambio de facilitarle el acceso a un cargo en la Justicia Federal.
La difusión de esa novedad provocó una serie de renuncias a la UEJN. Además, empleados judiciales que se desempeñaron en el Juzgado de Orán, como Eugenio Chaya, vienen afirmando que Piumato conocía de las irregularidades en el Juzgado oranense, al menos desde 2012.
El último fin de semana, Piumato usó las redes sociales para hacer referencia a las irregularidades detectadas en el Juzgado Federal de Orán: “Algunos jueces hacen la del tero, se llenan la boca en conferencias y hacen lo contrario en Juzgados Reynoso no era único. Ampliaremos”, lanzó.
Nuevo Diario tuvo acceso a una nota en la que el empleado Guillermo Méndez asegura que “era evidente el ‘arreglo’ que tenía” el delegado gremial de la UEJN en el Juzgado Federal de Orán, (Enrique Maita) con Reynoso, porque mientras el resto de trabajadores cumplían “horarios laborales fuera de reglamento, (…) el señor delegado se retiraba y ‘cumplía’ con el reglamento sin importarle demasiado lo que ocurría con los demás empleados”.
Méndez reiteró que el ahora ex juez incurría en “públicos abusos que eran costumbre” en él: “amenazas, coacciones, exigencias laborales y de índole personal totalmente fuera de reglamento”. En medio de esos cruces, empleados del Poder Judicial Federal se manifestaron molestos con un pedido del secretario general de la Regional 14 (que corresponde a Salta y Jujuy) de la UEJN, Néstor Fabián, y el secretario de Interior de la UEJN, José María González; quienes en septiembre pasado solicitaron a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta un informe detallado sobre “los magistrados, funcionarios y empleados que se desempeñan en esta jurisdicción (Salta-San Ramón de la Nueva Orán-Jujuy) que detentan o detentaron licencia por motivos sicológicos y/o siquiátricos”.
Varios trabajadores manifestaron a Nuevo Diario que consideran ésta una claro intento de intromisión en aspectos de sus vidas privadas. Como si la petición de información sobre aspectos de la vida privada de los trabajadores no bastara, en la nota se pide que esa información contenga “un detalle pormenorizado de los datos personales, cargo, legajo, juzgado en que se desempeñan, fecha de inicio, interrupción, reanudación, finalización”, de estas licencias.
