Considerar que ese decreto regula “de manera restrictiva” el procedimiento para la atención de los abortos no punibles en caso de violación, dejando afuera los otros supuestos de abortos no punibles previstos por la ley.
En el marco del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal y Día Internacional de lucha por el aborto legal, las organizaciones pidieron que se dicte un nuevo protocolo o guía para la atención a víctimas de violación. Lo hicieron a través de una carta pública al gobernador, “en virtud de no haber recibido respuesta alguna a nuestras peticiones realizadas el año pasado”.
La Multisectorial de la Mujer, la Comisión de la Mujer de la UNSa, CLADEM, Mujeres Trans de Argentina y otras organizaciones exigieron que este nuevo protocolo se ajuste a “lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso ‘F.A.L.s/ Medida autosatisfactiva’” y a los “estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud”.
Requirieron también que se dicte educación sexual integral en toda la provincia; la aplicación de un programa de salud sexual y reproductiva “con alcance especial a las mujeres de sectores vulnerados, mujeres originarias, personas del colectivo LGBTIQ, especialmente a las personas trans, rurales, con discapacidades”.
Asimismo, solicitaron la reglamentación de la ley 7311, sobre sexualidad responsable, sancionada en septiembre de 2004; la instrumentación de consejerías sobre salud sexual y reproductiva, enfermedades de transmisión sexual y entrega de folletería en los Centros de Salud; la provisión de anticonceptivos gratuitos en hospitales y Centros de Salud de toda la provincia, incluidos los preservativos femeninos; acceso al kit de profilaxis que se aplica en caso de violencia sexual en todos los Centros de Salud, “ya que hoy sólo está disponible en los hospitales públicos”.
La entrega “en tiempo y forma de medicamentos retrovirales a personas con VIH”, y la realización de campañas de información y concientización sobre derechos sexuales y reproductivos a personas en situación de prostitución.
Las organizaciones expresaron al gobernador que como “se ha declarado respetuoso de la ley” esperan que “en cumplimiento de lo establecido por el Código Penal Argentino y el mencionado fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dé curso” a su solicitud.
“La negación del acceso al aborto no punible refleja la vulneración de derechos a niñas y mujeres, en tanto desconoce lo establecido en la normativa nacional, tratados internacionales, y recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Naciones Unidas”, afirmaron.
En el mismo sentido recordaron que los abortos clandestinos requieren atención médica inmediata por serias complicaciones. “Y son las mujeres pobres las víctimas de estas prácticas, que luego son revictimizadas por los organismos de salud y del servicio de administración de Justicia”.
