La Provincia días atrás había decidido rescindir el contrato con la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas y llamar a una nueva licitación.
Al respecto el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mario Salim, indicó que hasta tanto se convoque a una nueva licitación para el servicio de seguridad en el Hospital del Milagro y otras instituciones sanitarias, -sin precisar fecha- la Asociación de Veteranos de Malvinas seguirá haciéndose cargo de estas tareas.
"Según la empresa, no todos los trabajadores están realizando la medida de fuerza", dijo el funcionario al sostener que en el compás de espera hasta la licitación, la Asociación se comprometió a cumplir con las tareas así sea de manera parcial.
Salim se reunió ayer con los trabajadores que realizaron los reclamos por la falta de regularización salarial y deudas contraídas por la empresa, además de la falta de aportes previsionales e incumplimientos del pago, según lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo que los enmarca.
Según se pudo conocer, en la reunión se explicó cómo se seguirá adelante además de comprometer en el proceso licitatorio una cláusula que condicione al oferente a tomar a los trabajadores que ya se venían desempeñando en la empresa con anterioridad.
En principio, se indicó que serían entre 25 y 30 los trabajadores que vienen con los reclamos contra la empresa que brinda servicios en el Hospital del Milagro y otros servicios de Salud de la provincia. Por esa tarea la empresa percibe más de un millón de pesos por mes.
Salim no pudo estimar los tiempos que demorará el proceso licitatorio y, por lo tanto, es incierta la posición de la Asociación mientras brinda los servicios en cuestión.
El caso del hospital de El Quebrachal
Otra licitación en curso es la que se requiere para el Hospital Enrique Romero, de Quebrachal (en Anta), en donde la provincia decidió rescindir el contrato con la empresa de seguridad M y M, que brindaba el servicio en la institución sanitaria.
En este caso eran ocho los trabajadores que habían iniciado las medidas de fuerza, dado que ganaban un máximo de 7 mil pesos pese a trabajar 8 horas, de manera rotativa, e incluso con horario nocturno.
Salim sostuvo que en este caso la empresa ya no brinda el servicio desde hace tres semanas, y el oferente que se presente deberá incorporar a los trabajadores afectados.