"El decreto reglamentario N 432/97 reglamenta el artículo 9 de la ley 13.748 y vulnera lo establecido en la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, a la cual nuestro país aprobó mediante la ley 26378 y que en el año 2015 adquirió jerarquía constitucional mediante la Ley 27.044 ", indicaron organizadores de la convocatoria, al solicitar la derogación de esta norma y un nuevo paradigma donde la persona con discapacidad sea un sujeto de derecho con capacidad jurídica.
"Informando, defendemos y exigimos", es el lema de esta convocatoria realizada por la recientemente conformada Red Salteña en Defensa de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que invitó a las organizaciones civiles, escuelas e instituciones que trabajan por, para y con personas con discapacidad al acto que se hará pasado mañana a las 11, en el mástil de la Plaza 9 de Julio.
Violación de derechos
Si bien el Gobierno nacional dijo que dará marcha atrás con la "arbitraria medida de quita de las Pensiones no Contributivas a las Personas con Discapacidad", las organizaciones decidieron convocar a esta protesta entendiendo que es necesario contar con el correspondiente esclarecimiento de los hechos, en relación a la violación de lo establecido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo con Jerarquía Constitucional; para asegurar y demostrar que tal Derecho se encuentra garantizado por la Constitución Nacional.
"Más allá de que las reintegren a las pensiones, el daño moral que hicieron fue terrible", dijo a Nuevo Diario Irma Argañaraz de la Asociación Colibrí, que conforma la Red con otras 6 ONGs. Y es que indicó que al quedar sin rehabilitación durante el tiempo que se suspendieron las pensiones (en algunos casos duró hasta dos meses), aquellas personas con discapacidad no pudieron, por ejemplo, asistir a su tratamiento fonoaudiológico por el corte de la obra social; o por la falta de transporte, por no tener dinero para pagar ante la quita de la pensión; y se generó un perjuicio irreversible.
"Esto además implica un trato y un acto discriminatorio", dijo Argañaraz, al indicar que esta primera convocatoria será el inicio de otras acciones que se realizarán para evitar que la situación se reitere.
Repudio por dichos polémicos
Por último, Argañaraz indicó que repudian los dichos de Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, quien en el momento de quitar las pensiones dijo que "una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.
