El caso se dirime bajo el sistema penal mixto, por lo que se encuentra actualmente en el fuero de transición, donde el director del proceso es el juez, siendo en esta causa la responsable de la dirección de la misma, la jueza de Transición 2, Mónica Mukdsi.
Tras la primera presentación de los vecinos por la supuesta irregularidades en la construcción de edificios de altura, la causa paso del entonces fuero de instrucción correccional, que tenía a su cargo los expediente de orden sumarísimo, a la instrucción formal, a pedido de la fiscalía correccional 8 el 27 de marzo de 2009.
En dicho acto promotor, el primero de siete que siguieron, la fiscalía solicitó la apertura de la causa penal por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público a partir, tanto de los reclamos y aportes presentados por los vecinos como por otras pruebas reunidas.
En resumen, la acusación giró en torno a la ausencia de las habilitaciones correspondientes, por parte de los órganos de contralor de la Municipalidad de Salta, y otros permisos y certificaciones de construcción y ambientales, de las cuales las empresas implicadas en la construcción de edificios de altura carecían.
Atento a ello, la promoción inicial apuntó a distintos órganos de contralor y comisiones que se crearon dentro del gobierno municipal, entre ellas la Comisión de Análisis de Situaciones Atípicas, creada por el entonces Director General de Planeamiento Urbano, arquitecto, Rubén Kalinsky.
Esta comisión debía “analizar, estudiar y resolver más de 300 expedientes”, los cuales no habían sido contemplados por la entonces ordenanza Nº 12368, de planes de relevamiento registrados. Por ende, dichas obras debían ser estudiadas, pues muchas de ellas ya habían concluido y otras estaban en su última etapa.
La urgencia se debía a que no podían contar con la habilitación comercial, ya que los planos no estaban aprobados. Posteriormente, el 2 de agosto de 2006, un año después, el Concejo Deliberante aprobó una nueva ordenanza, la Nº 12853. La misma creó el Pan Integral de Desarrollo Urbano y Ambiental.
Esta ordenanza disponía un plazo de 12 meses para que el Departamento Ejecutivo Municipal remita al Concejo los proyectos de adecuación del PIDUA, tanto de los códigos de edificación como planeamiento urbano y ambiental del municipio.
Para tal efecto, se contempló la creación de una Comisión Asesora Técnica, integrada por un representante del Colegio de Arquitectos, otro del Consejo Profesional de Agrimensores, de Ingenieros y profesionales afines.
Asimismo, se previó otros dos miembros de la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad y dos concejales.
De estos distintos órganos creados, en resumen, surgen los nombres de 18 imputados que ya aparecen en esta causa penal, la mayoría de ellos acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, mientras que media docena lo están por falsificación de instrumento público.
No hay avance en las causas
Desde 2009, cuando a instancia de la fiscalía correccional 8, la causa finalmente fue girada al fuero de Instrucción Formal, los distintos fiscales penales que actuaron en la causa, entre ellos Eduardo Barrionuevo y Emma Puente, se presentaron un total de siete promociones penales.
En su mayoría, las acusaciones penales se plantearon cada vez que se advertían falencias en nuevos edificios de altura que aparecían en la ciudad, como así también para imputar a nuevos implicados en la causa. En todas estas promociones, que se extendieron hasta el 27 de mayo de 2010, los distintos fiscales solicitaron al juez del proceso la citación a indagatoria de los imputados.
Entre abril de 2016 y el mismo mes, pero de 2017, la fiscal penal de Transición, María Inés Loyola, ha reiterado esos pedidos, como así también solicitó otras diligencias a llevar adelante en la causa penal, sin embargo y hasta la fecha, la jueza de Transición, Mónica Mukdsi no ha dispuesto ninguna providencia al respecto.
El aletargamiento en el que se encuentra esta causa, causó la molestia principal de la dirigente de la ONG Red Sol, María Elena Jiménez.
En tanto, desde su tratamiento bajo el fuero formal y de transición permitió nueve años sin que los distintos juzgados hayan siquiera citado a los 18 ex funcionarios a prestar declaración indagatoria, como así tampoco ordenar las pericias y otras diligencias que fueron solicitadas desde la fiscalía.
