La quita de pensiones no contributivas por incapacidad laboral a personas que viven con VIH en Salta, generó un alerta entre quienes se encuentran a cargo de la Red Argentina de personas que viven con la enfermedad en la provincia (REDAR).
Según lo explicó el representante de la REDAR en Salta, Joaquín López, en dos meses se dieron de baja a cuatro de estas pensiones, situación que recién fue conocida por los beneficiarios cuando quisieron cobrar la pensión en el banco.
En estos casos, al parecer la quita del beneficio fue porque los pensionados tenían inscriptos autos nuevos a su nombre.
"Es verdad que la ley impone que tenga que ser de otro modo. Pero hay que entender que en la actualidad el auto no es un artículo de lujo", explicó López. En este punto, agregó el hecho de que al ser las pensiones de 3800 pesos, muchas de las personas que reciben la pensión deciden realizar trabajos en el mercado informal. Y es que en caso de estar registrados no pueden recibir la pensión y no es que no quieran trabajar, dijo, sino que las empresas buscan desvincularlos (en caso de enterarse que se encuentran con VIH), o directamente no los contratan. O de hacerlo, los subocupan por cinco horas, y les pagan hasta cuatro mil pesos con suerte.
Es ante esta realidad que los beneficiarios deciden "rebuscárselas" con otras actividades como, por ejemplo, disponer de un auto para poder reconvertirlo en remis y de esta manera conseguir otros ingresos, explicó López. En muchos casos son parejas que están en la misma situación y, por lo tanto, ninguno cuenta con trabajo estable para poder ayudar al otro económicamente.
Números en Salta
Según lo informado por el Programa ETS, VIH y Hepatitis Virales, en Salta son cinco mil las personas que viven con VIH.
De este total, según lo informado por López, cerca de 1500 son los que perciben estas pensiones no contributivas.
En Salta, en tanto, se calcula que son cuatro mil en total las personas que por vivir con enfermedades crónicas perciben el beneficio.
En caso de perder la pensión, los beneficiarios deben esperar hasta cuatro meses si es que deciden restituirles el beneficio. Una de las solicitudes es que se contemple cada situación con asistentes sociales.
