También exigieron mayor presupuesto para el sector, además de otros reclamos, como la prórroga de la ley de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y una ley que permita el acceso a la tierra de las familias agricultoras criollas.
En Salta participaron representantes de comunidades originarias y familias criollas de distintos puntos de la provincia, quienes se movilizaron hasta la sede de la delegación local de la Secretaría de Agricultura Familiar, donde presentaron un petitorio al titular local, Carlos López Sanabria, quien se reunió con un grupo de ocho representantes de los manifestantes.
"Uno de los puntos fuertes es que haya una ampliación de un cupo de 100 mil" beneficiarios del "salario social complementario para la agricultura familiar", explicó Nacho Garzarón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Añadió que el otro reclamo fuerte fue el de mayor presupuesto, "porque hubo un recorte muy fuerte, de recursos para funcionamiento y de recursos para proyectos".
Garzarón contó que en la reunión con López Sanabria hubo un intercambio sobre las incumbencias de la Secretaría, dado que desde que asumió la alianza Cambiemos se limitó a temas de producción y abandonó el acompañamiento que venía realizando a los procesos de organización comunitaria y de regularización de la tenencia de la tierra.
"Nosotros insistimos en que tiene que tener un rol (en el conflicto por la tierra) para suplir la de-sigualdad que hay a la hora de defender los derechos de la tierra, el acceso a la defensa (de los campesinos)", sostuvo Garzarón. Pero López Sanabria derivó esas acciones al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aunque quedaron de acuerdo en volver a reunirse para seguir discutiendo acciones.
La protesta nacional pidió 100 mil salarios sociales complementarios, "para fortalecer la producción y garantizar la permanencia de las familias en el campo", créditos especiales para los pequeños productores y la ejecución del fondo fiduciario de 1.700 millones para este sector. También pidieron que se reglamente la ley de agricultura familiar y se destine un presupuesto para su cumplimiento.
Reclamaron que "se permita el acceso a la tierra a miles de campesinos", la "protección y desarrollo de las semillas campesinas indígenas, ante el avance corporativo y monopólico de las empresas semilleras", y la prórroga de la ley 26160, que declara en emergencia la propiedad comunitaria indígena y dispone la realización de relevamientos de los territorios ancestralmente ocupados por pueblos originarios. En este aspecto, los manifestantes exigieron que se frenen los desalojos.
También reclamaron insumos para la producción, financiamiento de obras hidráulicas y proyectos productivos y de comercialización, y la reincorporación de los despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar.
