El juez federal N°1, Leonardo Bavio, decidió hacer lugar a un amparo a fin de rehabilitar el pago a una mujer de General Güemes. El juez federal N°2 Miguel Medina, decidió en sentido contrario, en otro caso. En uno de los dos casos la pensión había sido otorgada por la gestión de Carolina Stanley, que aduce sacar las pensiones por supuestas irregularidades.
En el caso del varón al que se identificará como Juan (a fin de resguardar la identidad), sufre insuficiencia cardíaca con marcapaso definitivo, sumado a un ACV hemorrágico. La pensión fue otorgada en noviembre de 2016 y abonada hasta enero. Ya en febrero Juan dejó de percibir el beneficio.
Su pareja también sufre discapacidad y hace dos años que recibe la jubilación mínima de ama de casa. El peligro de quedarse en situación de calle por no poder pagar la cuota del IPV fue uno de los fundamentos de la Defensoría de la Justicia Federal.
Para Nación, el hecho de que ella perciba una jubilación (por más mínima que sea), y tener al día el pago de un crédito de 30 mil pesos (que era para reparar su casa), fueron motivos suficientes para quitar la pensión. Medina decidió dar la razón a Nación e impuso costas.
El otro caso es de una mujer con discapacidad con dos hijas a su cargo y uno con discapacidad también, que fue el motivo por el cual le quitaron la pensión pese a vivir en una pieza prestada. Bavio ordenó rehabilitar de inmediato la pensión e indicó en su fallo que el Ministerio de Desarrollo Social "cuenta con la posibilidad de activar mecanismos y medidas a los fines de determinar a quién correspondería la percepción de los beneficios sociales, lo que no implica que pueda resolver, de manera abrupta y unilateral, dejar sin efecto la pensión no contributiva otorgada a la titular del beneficio que resulta discapacitada y se encuentra a cargo de dos hijas menores de edad".
Quedó en situación de calle
Otro de los casos que conoció este medio es el de un hombre que al ver que quitaban la pensión por discapacidad, inició los trámites para una jubilación por invalidez, dado que cuenta con 22 años de aportes. El demandante sufre de anormalidades de la marcha y la movilidad, artritis reumatoidea seropositiva y en Salta se le había diagnosticado el 80% de discapacidad (para recibir esta jubilación se precisa más de 75%).
En 2016 la Comisión Médica N° 23 (Nación), resolvió otorgarle el 43% de incapacidad laboral y no le correspondía la jubilación, comprometiendo no cortar la pensión por invalidez. Sin embargo, el hombre quedó sin nada y en situación de calle, alimentándose en comedores comunitarios.
