El suboficial principal Renee Gareca, el agente Alejandro Sebastián Ortiz, su hermano Diego Gerardo Ortiz, la cabo Claudia Daniela Romero Viscarra y su hermana, la sargento Paola Alejandra Romero Viscarra, fueron destituidos por exoneración de la Policía de Salta “por infracción al art. 30” de la ley 6193 del personal policial, y a los artículos 104 y 108 del decreto 1490/14, de reglamentación de la ley orgánica policial, referidos a “faltas graves”.
La destitución, dispuesta por decreto 959 del 17 de julio pasado, se informó el 25 de este mes, en el orden día 160/17, 2da parte.
El decreto 959 indica que las actuaciones que terminaron con las destituciones se iniciaron tras el operativo del 2 de agosto de 2016 en Aguaray, donde unos gendarmes interceptaron el vehículo Ford Fiesta en el que iban Alejandro Ortiz y Gareca, quienes los agredieron y escaparon. Este auto era de propiedad de Claudia Romero, concubina de Ortiz.
Teniendo en cuenta “el parentesco entre ellos (...), la proximidad de residencia, la habitualidad de trato, los antecedentes comprobados en materia de narcotráfico de los familiares directos” en el decreto se concluye que los cinco policías “incurrieron en una falta muy grave al omitir informar a su superioridad las irregularidades investigadas y adoptar el procedimiento policial para prevenir y/o interrumpir un supuesto delito”.
Acoso laboral a la denunciante
Por denunciar estos hechos, la agente Yanina Gay fue objeto de acoso y maltrato por parte del entonces jefe de la Unidad Regional 4 de Tartagal, Juan Carlos Miguez, y de Claudia Romero, que también era su superior.
En febrero de 2017 la jueza de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Elba Menéndez, ratificó que la Policía de Salta debe pagar los haberes a Gay, quien tiene una licencia médica psiquiátrica y psicológica luego de denunciar a su jefe inmediato por violencia laboral y de género.
