MAS DE 300 DESPEDIDOS

Detenidos y heridos en represión a trabajadores de La Esperanza

Veinte detenidos y otros tantos heridos provocó la Policía de Jujuy al reprimir una manifestación de trabajadores del Ingenio La Esperanza (en el ramal jujeño) en reclamo del pago de sus haberes y por unos 400 despidos dispuestos por el Gobierno de Jujuy, que administra el Ingenio.

Uno de los trabajadores heridos en la represión de la Policía jujeña.
Uno de los trabajadores heridos en la represión de la Policía jujeña.

Tras el primer avance de los policías, que dejó varios heridos de balas de goma, los obreros se reorganizaron y contraatacaron, haciendo retroceder a la Policía. Entre los detenidos se cuentan el abogado asesor Fabián Alderete y Oscar Delgado, de la organización de derechos humanos CAPOMA

La fiscala Silvia del Valle Farall pidió las detenciones de varios trabajadores, incluida la comisión directiva completa del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros, medida que ordenó el juez de Control Jorge Samman.

La violencia cesó al mediodía, aunque por la tarde seguían apareciendo heridos. Al anochecer los trabajadores se reagrupaban en la sede del Sindicato, desde donde su secretario general, Sergio Juárez, informó que se aprestaban a realizar una asamblea para decidir qué harán ahora.

La protesta fue motivada en la falta de pago de los haberes (la deuda corresponde a dos meses) y por 337 despidos realizados, del total de 938 empleados. Tampoco se pagaron las indemnizaciones. 

La administración estatal decidió los despidos sin consultar con el juez de la quiebra, sostuvo el abogado Alderete antes de que fuera detenido. Y justo cuando la empresa colombiana Omega Energy había presentado una propuesta de compra del Ingenio, que pertenecía a la familia Jorge y quebró. En Jujuy el juez de la quiebra dijo que se tomará 120 días para analizar la propuesta de Omega. 

La situación fue degradándose desde que en junio de 2016 el gobierno de Gerardo Morales declarara el estado de emergencia de la región y limitara derechos laborales. El Sindicato planteó que es inconstitucional, pero aún no hay decisión.

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