La ONG recordó esta situación en la provincia en un comunicado, en el que se pronunció en contra de la intención, expresada por el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, de volver a discutir en el país la posibilidad de incluir la enseñanza religiosa en la educación pública.
Respecto de Salta, la ADC ratificó que esta situación “atenta contra la libertad religiosa, tanto para quienes profesan otras religiones como para quienes no profesan ninguna”. Recordó que en 2010, junto a un grupo de padres de Salta, presentó un amparo colectivo en contra del Estado provincial y el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, planteando la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación.
Amparo rechazado
Este amparo fue rechazado por la Justicia de la provincia, pero llegó a la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe expedirse, y en el que ya se conoció un dictamen del procurador fiscal Víctor Abramovich, quien recomendó a la Corte Suprema revocar la sentencia de la Corte de Justicia de Salta y ordenar que se cese con la enseñanza de religión en las escuelas públicas de la provincia.
“Desde la Asociación, esperamos que el fallo de la Corte Suprema garantice las libertades consagradas en la Constitución Nacional, en particular, la de una educación libre y respetuosa de las diversidades que conforman y enriquecen a la sociedad argentina”, sostuvo la entidad.
En cuanto a las afirmaciones de Bullrich, la ADC recordó que “una de las características fundamentales que adquiere la tradición de la educación en el país, tras la sanción en 1.884 de la ley 1.420 (de educación común, gratuita y obligatoria), es la de la ‘neutralidad religiosa’”.
Destacó que esta ley “puso de manifiesto la necesidad de incluir a las diversas vertientes culturales y religiosas que conformaban la heterogénea sociedad argentina, a partir de la promoción de una escuela laica, con el fin de admitir, respetar e incluir a todos los credos” y “en todo caso, cada religión podría ser enseñada por fuera de la currícula y del horario escolar, y de manera no obligatoria”.
Tras hacer una reseña de la normativa legal sobre la educación pública, la ADC sostuvo que “la importancia de que el Estado no tenga injerencia en este aspecto (de la enseñanza religiosa), con el objetivo de que la escuela establezca un marco de respeto e igualdad de tratamiento hacia los distintos cultos religiosos, en tanto no sea ésta la que decida qué tipo de religión se enseña en sus aulas, sino que los niños tengan libertad de profesar todo tipo de cultos por fuera de ella”.
