Las negociaciones se prolongaron hasta las 2 a.m. del jueves y llegaron a buen puerto. El oficialismo se garantizó en la tarde del jueves la firma del dictamen del Presupuesto 2023, que se votará este martes en la Cámara de Diputados.
Luego de cerca de cuatro horas de debate, la comisión de Presupuesto y Hacienda firmó el dictamen, que contó con el acompañamiento de los dos diputados de los bloques "del medio" que integran la comisión. Ellos son: el misionero Diego Sartori de Provincias Unidas y del cordobés Ignacio García Aresca, del Interbloque Federal. Este último firmó en disidencia parcial.
En tanto, Juntos por el Cambio optó por no firmar el dictamen, aduciendo que se incorporaron demasiadas modificaciones que necesitan "masticar". Aun así, se da por descontado que el proyecto recibirá el acompañamiento del grueso de la bancada opositora en el recinto y pasará, sin traspiés, al Senado.
¿El motivo? Dos años sin ley de Presupuesto -el año pasado fue rechazado en Diputados- y en año electoral, el oficialismo quedaría habilitado a hacerse "un festín de discrecionalidad", como explicaron fuentes parlamentarias.
Algunas excepciones serán la Coalición Cívica, luego de que su fundadora, Elisa Carrió, avisara que sus diputados no acompañarán el "Presupuesto de Sergio Massa".
Fondos al Transporte
Apenas se puso en marcha la reunión de comisión, pasadas las 10, Heller dio detalles en las modificaciones que se le hicieron al proyecto. Una de ellas, que dejó conforme a los diputados del oficialismo y la oposición fue que el Fondo de Compensación para el Transporte Automotor de Pasajeros se eleva de $ 66.000 millones a $ 85.000 millones.
El anuncio se hizo luego de que ayer la UTA anunciara de un paro por 72 horas para la semana que viene, por reclamos salariales. Pero además, fue uno de los principales pedidos que se hicieron durante el debate en comisión.
Deuda en Energia
Uno de los artículos más cuestionados por la oposición fue el 90, que también sufrió cambios. A grandes rasgos, la redacción original habilitaba a la Nación a retener parte de la coparticipación para saldar las deudas de las distribuidoras con Cammesa.
Tras las críticas sobre este punto, Heller dijo que se reformuló el artículo para establecer un período de seis meses para que cada jurisdicción determine un "mecanismo para el pago de las facturas emitidas". En este sentido, el diputado anunció que la Secretaría de Energía implementará un plan de regularización de deudas con Cammesa de hasta 96 cuotas mensuales.
Heller recordó que tanto la distribución como el transporte de la energía son servicios públicos, por lo que las provincias resultarán "solidariamente responsables".
Por eso, el Ministerio de Economía podrá "retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencia presupuestaria suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público" la suma que por consumo de energía adeude. Dicho esto, Heller destacó que la redacción del artículo "excluye coparticipación expresamente".
"La idea es no ahogar a nadie, pero Cammesa tiene que cobrar", dijo Heller.
Asistencia Social
En tanto, Heller también dio a conocer incrementos en algunas de las áreas más sensibles en las que se habían registrado recortes. Este pedido había sido hecho no solo por los diferentes bloques de la oposición, sino también por aquellos oficialistas que representan a los sectores más vulnerables.
Según detalló el presidente de la comisión, se incrementó en $ 320.655 millones las partidas para incrementar asignaciones familiares, políticas alimentarias, prestaciones sociales, becas de educación, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Integración Socio-Urbana.
Así como también se anunciaron mayores montos para los comedores escolares, infraestructura y equipamiento en educación, los programas que garantizan derechos de niños y niñas.
Cláusula Gatillo
A pedido de la cambiemita Margarita Stolbizer, el oficialismo también aceptó incorporar una "cláusula gatillo" por inflación, en lugar de que el Ejecutivo amplíe partidas presupuestarias vía DNU.
Así, el Presupuesto establece que si al 31 de agosto del año que viene la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual del Presupuesto, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo deberá enviar una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre.
El proyecto, según quedó redactado "deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso".
Impuestos en Electrónicos
Una de las incorporaciones que se hizo en comisión fue un artículo para elevar los impuestos internos de los productos electrónicos. Esto fue a pedido de los cuatro diputados de Tierra del Fuego, dos del Frente de Todos y dos del PRO.
Este punto genera divisiones en Juntos por el Cambio, dado que la bancada viene haciendo campaña bajo la promesa de "no subir impuestos" mientras dos diputados de ese espacio (Federico Frigerio y Héctor Stefani) acompañaron la incorporación de este artículo.
Los jueces pagan ganancias
A pedido del oficialista Marcelo Casaretto, y con el visto bueno de Juntos por el Cambio, también se incorporó un artículo para que los empleados del Poder Judicial (incluyendo a los jubilados) paguen la totalidad del impuesto a las Ganancias independientemente de la fecha de su incorporación.
En torno a Ganancias, la bancada Evolución Radical logró incorporar un inciso para que introducir una deducción del gravamen de hasta el 40% de los gastos educativos que incurre la familia.
Retenciones sin cambios
En el artículo 96, que faculta al Poder Ejecutivo a modificar las alícuotas de las retenciones hasta diciembre de 2023, no sufrió cambios.
Sobre este punto, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela planteó la necesidad de que sea reformulado, y "establecer un tope retroactivo al 31 de diciembre del año anterior, estableciendo el 30% como tope para el poroto soja y manteniendo las retenciones vigentes para el resto, con la posibilidad de delegar la facultad al Poder Ejecutivo de bajar las retenciones pero no de incrementarlas".
De todas formas, ese artículo quedó intacto. Se da por descontado que Juntos por el Cambio, así como también el Interbloque Federal votarán ese artículo en contra. De hecho, García Aresca firmó en disidencia parcial, entre otros motivos, por su rechazo al artículo.
