El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y otros funcionarios del Gobierno, defendieron la iniciativa en el marco del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda.
Al iniciar el debate, Moroni explicó que el Gobierno no plantea "eliminar los sistemas de protección de jueces" porque comparte la idea de que son funcionarios que "cumplen una tarea especial" y que por lo tanto "deben tener derechos desiguales respecto al resto".
Sin embargo, el ministro aclaró que lo que está en discusión es "cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo".
Al respecto, Moroni señaló que le "parece bien" que jueces, fiscales y diplomáticos mantengan un régimen especial", pero pidió replan-tear las características de esos sistemas diferenciados ya que necesariamente generan "tensiones" con el "resto de la masa de jubilados".
Los cambios en el proyecto
En primer lugar, a pedido de diputadas del Frente de Todos y del radical Albor Cantard, se estableció que la edad jubilatoria de las mujeres del Poder Judicial se mantendrá en 60 años, es decir, no se llevará a 65 años como en los hombres.
En el caso de los hombres, como indicaba la redacción original, la edad subirá de manera gradual, siendo de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.
En tanto, se eliminó del proyecto el requisito que establecía que para acceder a la jubilación especial, los jueces debían haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público.
Por otra parte, se aclaró que los beneficios otorgados a partir de la entrada en vigencia de la ley serán del 82% sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones "actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese". El mismo criterio se aplicará para determinar la movilidad de los haberes.
Otra novedad es que, por un artículo incorporado, el trámite jubilatorio de jueces deberá iniciarse "como en cualquier otro régimen general" y no en el Poder Judicial, como era anteriormente.
La ANSES está desfinanciada
El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, advirtió que el organismo "se encuentra en un estado de total desfinanciamiento", y sostuvo que el año pasado cerró con un déficit de $136.900 millones, y que el déficit del Sistema Previsional en su conjunto ya supera los $612 mil millones.
El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, advirtió que el organismo "se encuentra en un estado de total desfinanciamiento", y sostuvo que el año pasado cerró con un déficit de $136.900 millones, y que el déficit del Sistema Previsional en su conjunto ya supera los $612 mil millones.
Al defender el proyecto del Gobierno para modificar el régimen de jubilaciones de jueces y diplomáticos, mostró los números de los que consideró un trato desigual entre los beneficiarios del régimen general previsional, y los del Poder Judicial, que en promedio reciben una jubilación de $272.450, y cuya caja mostró un déficit de casi $10 mil millones durante 2019.
Al hablar ante los legisladores, Vanoli indicó que el 60% del Sistema Previsional, es decir 4.371.565 beneficiarios, recibe solo el 34% de los ingresos, mientras que los beneficiarios del Poder Judicial suman el 11% con 784.598 casos que perciben el 33% de la torta de ingresos.
