ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

Elevan a juicio oral la causa "Fútbol para todos"

Los ex jefes de Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros ex funcionarios y ex directivos futbolísticos, enfrentarán el juicio oral por la causa conocida como "Fútbol Para Todos".

Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, ex funcionarios kirchneristas será juzgados por defraudación.

Así lo decidió la jueza María Servini al dar por cerrada la parte principal del expediente y enviar el caso para que un tribunal –que será sorteado en las próximas horas- lleve adelante el juicio oral a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Capitanich y Fernández, al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y al extitular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura por "administración fraudulenta agravada".

Además, en la misma resolución en la que envió el caso a sorteo de un Tribunal Oral, la magistrada sobreseyó al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

En total serán juzgados 13 acusados, en un listado que incluye a Sergio Marchi, secretario general e Futbolistas Argentinos Agremiados y el ex gerente financiero de la Asociación del Fútbol Argentino, Rubén Raposo, por distintos delitos como desvío de fondos y maniobras con cheques diferidos.

"La esencia de este delito es el doloso perjuicio a un patrimonio ajeno, causado desde una posición legal de poder, mediante la utilización infiel de la protección que se tenía de esos bienes, lo que deriva en el perjuicio de su titular", afirma el texto.

Agrega que "el autor, en este caso Aníbal Fernández, se encontraba a cargo de la administración, manejo de bienes o intereses pecuniarios ajenos, toda vez que en dos oportunidades del período investigado se encontró al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) y defraudó la confianza depositada en él".

En este sentido la magistrada brinda un detalle de los convenios firmados por Aníbal Fernández y alude a que posibilitaron "un desvío de cuatro millones de pesos hacia la AFA", generando "un perjuicio del Estado Nacional".

En la elevación a juicio de 253 carillas, la jueza sostuvo que tanto Fernández como Mariotto, ex coordinador general del Programa instrumentado en el 2009, deben responder por "desvíos en los ingresos" a raíz de distintos convenios firmados, uno de ellos con la empresa de camiones Iveco, del 18 de abril de 2011.

Los exfuncionarios, afirmó la jueza, posibilitaron "sin encontrarse fundado ni justificado, el pago efectuado a la AFA por parte de esa empresa de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que debían ingresar al patrimonio del Estado".

También hubo "perjuicio estatal" en acuerdos de sponsoreo de torneos de fútbol de Primera División entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, AFA e Iveco Argentina SA, siempre según la resolución.

Estos acuerdos se firmaron según la Justicia "sin sujetarse a la normativa legal, sin licitación alguna, recibiendo como contraprestación pagos en especie sin encontrarse acreditada la necesidad previa de ello, y sin guardar relación los conceptos facturados y los segundos publicitarios contenidos en los distintos acuerdos con los cuadros tarifarios y/o paquetes tarifarios".

Sobre Mariotto, la jueza recordó que estuvo a cargo del Programa del 3 de septiembre de 2009 al 10 de diciembre de 2011.

"Deberá responder por su carácter de funcionario público al momento del hecho como partícipe necesario del delito de defraudación a la administración pública, toda vez que por sus conductas colaboró a que se sustrajeran cuatro millones de pesos que le habían sido confiados en razón de su cargo y debieron ingresar al patrimonio nacional, pero terminaron ingresando éstos al patrimonio de la AFA", se sostuvo sobre el ex funcionario en la elevación a juicio.

En cuanto a Capitanich, será juzgado por "no controlar el destino de esas millonarias cifras de dinero una vez ingresadas a la AFA".

"Si hubiese actuado de acuerdo a las normativas mencionadas, hubiera dificultado la maniobra ilícita pergeñada desde la AFA", concluyó Servini.

Respecto al rol de la AFA, su expresidente Segura y otros ex integrantes de la Asociación enviados a juicio, la jueza aclaró que "al fallecer Julio Humberto Grondona, la continuidad del manejo de los convenios quedó a cargo de Luis Segura".

"En varias de las conductas aquí investigadas le cabría responder `prima facie´ a título de autor a Julio Humberto Grondona, pero no se les han podido enrostrar por el fallecimiento del nombrado, de fecha 30 de julio de 2014", recordó.

"En cabeza de Luis Segura, por estas adendas firmadas con la JGM, se encontraba la facultad de regir y gobernar el patrimonio del Estado, ordenando los medios para su mejor empleo, conservación y realización y a sabiendas de ello, continuó con los pagos a la fundación del futbolista, y con la maniobra de los cheques de pago diferido antes descripta, por lo que manejó de manera desleal los fondos públicos confiados a la AFA", acusó la jueza.

Desición política y social

La jueza seguirá investigando la pata financiera de la causa. No obstante, al enviar el caso a juicio y concluir  una investigación que se inició en 2014, Servini sostuvo que el programa FPT que debía "conjugar el éxito de una decisión política y social" se transformó en un subsidio a los clubes que terminaron incrementando sus pasivos.

El 20 de agosto de 2009, la entonces presidenta Cristina Kirchner anunció junto a Diego Maradona y el jefe de la AFA en ese momento, Julio Grondona, la presentación del acuerdo de televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA. Hasta ese momento, los derechos eran de la firma TyC Sports.

"Dimos un paso en la democratización de la sociedad. ¿Saben por qué? Porque no es posible que solamente el que pueda pagar mire un partido de fútbol, que además le secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30 mil argentinos. Yo no quiero más secuestros", dijo en aquel momento la ex jefa de Estado.

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