A través de ese comunicado, exigen que el gobierno de la vecina provincia de Jujuy haga público el registro oficial de quienes fueron vacunados. Los rumores mencionan a familiares de funcionarios o de personal jerárquico de importantes centros privados de salud de Jujuy. Asimismo sostienen que toda la información de salud, relacionada con el Coronavirus, es “discrecional” desde el inicio de la pandemia.
“Sabemos que el Ministerio de Salud lleva el registro de personas vacunadas, que es imprescindible para hacer el seguimiento sanitario y para aplicar la segunda dosis en los casos que corresponda”, argumenta la misiva que recalca que “el derecho de acceso a la información pública está amparado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y está regulado a nivel nacional por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública promulgada recientemente”
Asimismo advierte que: “la publicación de los actos de gobierno no debe limitarse a la difusión de partes de prensa diarios. El Ejecutivo provincial ha asumido desde el comienzo de su gestión una modalidad arbitraria y discrecional en el manejo de la información pública, manejo que se vio profundizado con la pandemia de coronavirus”.
En ese sentido, explican que a los informes diarios del Comité Operativo de Emergencia -a los que estaba vedada la presencia de periodistas-, “le sucedieron supuestas conferencias de prensa sobre las que sólo se notifica a unos pocos medios provinciales, en su mayoría los más afines a la gestión de Gerardo Morales”.
Asimismo ejemplifica que el mismo colectivo de periodistas denominado “Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy” solicitaron anteriormente al ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bouhid, precisiones sobre cantidad de camas críticas ocupadas por pacientes de COVID-19, sin haber recibido respuesta.
Por último advierten sobre la imposibilidad de trabajar en libertad, ante la falta de acceso a la información, e insisten en que el gobernador Gerardo Morales dé las respuestas del caso.
