"Acá hay un compromiso, una convicción y resultados que vamos logrando y que demuestran que este trabajo conjunto es el camino para neutralizar un tipo de delito económico y su dimensión compleja. Venimos trabajando en el territorio, con más respuestas con el Poder Judicial, con mejores investigaciones criminales preventivas e incautaciones que nos exigen incrementar este tipo de estatalidad redistributiva: una estatalidad nacional, regional y local responsable que comprende los daños que produce el contrabando", sostuvo Sabina Frederic al iniciarse las exposiciones de las funcionarias que encabezaron el encuentro.
Por su parte, Mercedes Marcó del Pont consideró que “la construcción de una estructura tributaria progresiva requiere mejorar la capacidad estatal en materia de fiscalización y control de los delitos económicos como el contrabando y la evasión. Para eso es necesario trabajar junto con el Ministerio de Seguridad”.
En ese sentido, la titular de la AFIP destacó “la articulación institucional y técnica lograda entre la DGI, Aduana, las fuerzas federales de seguridad, la justicia y el Ministerio Público para actuar en forma coordinada”.
En una línea similar, Frederic subrayó que "estamos convencidos de estar en cada lugar donde se desplieguen las fuerzas federales. Sus preguntas, sus ideas, sus esfuerzos deben contribuir a un Estado que asume su obligación de control, presencia, vigilancia y capacidad de sanción".
La actividad comenzó a la mañana en el salón de la agrupación de la Gendarmería Nacional Argentina ubicado en Chachapoyas, donde autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas federales llevaron adelante una reunión de evaluación, trabajo y planificación para analizar las investigaciones en materia de delitos de contrabando, así como de los controles y despliegues en la frontera.
El eje, centrado en el contrabando, fijó su prioridad en materia de investigación criminal y las operaciones de las organizaciones delictivas en relación con el acopio y tránsito de los cargamentos ilegales e irregulares de diferentes tipos de granos, principalmente soja y maíz.
Durante el cierre del encuentro, se analizó junto con los representantes de las fuerzas federales de seguridad del NOA, el proceso de digitalización de la carta de porte, la documentación necesaria para transportar granos dentro del país.
“La implementación de la carta de porte electrónica a partir de septiembre otorgará al Estado mayor capacidad de fiscalización y trazabilidad”, expresó Marcó del Pont.
