La Iglesia Católica resignaría así unos $130 millones que recibe del Estado argentino por año para las asignaciones a los obispados, las becas para los seminaristas y las parroquias de frontera. Esta resignación representa una pérdida del 7 por ciento del presupuesto total que maneja el Episcopado.
Así lo decidió el centenar de obispos reunidos desde el lunes en la casa de retiros El Cenáculo, de Pilar, encabezados por el presidente del cuerpo y obispo de San Isidro, Oscar Ojea.
"Los obispos reunidos en la 116° Asamblea Plenaria han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común (Hechos de los Apóstoles 2,44)", indicó el comunicado difundido por la CEA.
La CEA informó que se creó una comisión episcopal para el "sostenimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia", que trabajará en la "creación de un fondo solidario y la continuidad del diálogo con el gobierno nacional, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo". La decisión anunciada en la víspera es producto de una negociación que empezó a perfilarse en marzo de 2018, cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó en el Congreso que el Estado le entregaría $130 millones a la Iglesia en 2018. La comisión ejecutiva del Episcopado convocó a los ecónomos de las diócesis argentinas con quienes se analizó los futuros cambios en el sistema que viene estudiando una comisión integrada por el padre Guillermo Caride, Hernán San Juan y el contador Oscar Gómez, por parte de la CEA.
