El régimen, que se rige a través del decreto 263/2018 publicado en el Boletín Oficial, contempla hasta 6 sueldos al momento del retiro y hasta 24 cuotas mensuales posteriores para quienes tengan más de 10 años de antigüedad, todas igual al sueldo neto y la obra social.
Los requisitos para acceder al retiro serán: tener 65 años o más y no contar con años de servicio suficientes para jubilarse; tener entre 60 y 65 años, o hasta 60 años con dos o más años de antigüedad en las jurisdicciones previstas.
También quedan afuera de este régimen aquellos que se encuentren procesados por delitos en perjuicio de la administración pública, sumariados, o que hayan iniciado reclamos administrativos o demandas judiciales contra el Estado.
Los efectivos de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, miembros de la AFI, docentes, profesionales de la salud o Servicio Exterior y científicos, quedan excluidos.
"Entre las premisas del Gobierno Nacional se encuentra la de lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados, conforme surge del Plan de Modernización del Estado", señala uno de los considerandos.
Quiénes ingresen en el programa no podrán volver a ser incorporados bajo ninguna modalidad de empleo o contratación de servicios u obra en las jurisdicciones y entidades previstas por cinco años desde la baja.
De esta manera, se dio luz verde a este plan, que reducirá la planta de trabajadores del Estado. El decreto publicado en el Boletín Oficial extiende la posibilidad a todos los empleados de los ministerios y secretarias del Poder Ejecutivo, y también organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social.
“Injusto y contraproducente”
Por su parte, el diario Página 12 detalló ayer que desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), uno de los gremios estatales criticaron la medida, que denunciaron como un intento de aplicar el ajuste sobre la planta de personal.
“Hacer recaer sobre la gente trabajadora cualquier ajuste nos parece injusto y contraproducente para el Estado”, señaló Andrés Rodríguez, titular del gremio.
