Para mañana martes, el gobierno nacional convocó a una reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir de cuánto será el aumento del salario mínimo actualizado según la inflación.
El objetivo del Gobierno al adelantar la fecha de la reunión es que ya quede establecido un aumento para los salarios a cobrarse en octubre y que la pauta a cerrar sea de, al menos, un 10% para llevar la mínima a $ 32.000 y equiparar su incremento al avance de la inflación y al valor acordado en las principales conversaciones paritarias del sector privado, las cuales rondan el 45%.
El paquete de medidas fue realizado por el ratificado gabinete económico, y está listo desde el jueves de la semana pasada. Quedó en stand by en medio de la crisis política del gabinete y solo le faltaba la aprobación final del presidente, Alberto Fernández, y ahora de su nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Ampliar programas
El objetivo principal del gabinete económico es “fortalecer ingresos”, sobre todo en los trabajadores informales, que se desempeñan en sectores donde todavía no hubo ningún tipo de reactivación, y que por su condición de informales quedaron fuera del ATP, el REPRO o la prohibición de despidos. Pero, además, buscará llegar a los asalariados que aun teniendo trabajo “rozan” la línea de pobreza. Entienden que uno de los mensajes de las urnas fue la delicada situación económica.
Bajo estas metas se ubicarán medidas como subir el salario mínimo un 46%, 11 puntos más a como se había cerrado en abril, y superar los $32 mil. Hoy el salario mínimo en $29.160 está por debajo de la línea de indigencia. El impacto será en hasta 300 mil trabajadores fuera de convenio y en más de un millón de personas que perciben programas que se actualizan por el salario mínimo, como el Potenciar Trabajo, las becas del Progesar y el REPRO.
Además, llegará la respuesta al tan ansiado pedido de las organizaciones sociales: créditos no bancarios. Los préstamos serán para cooperativas, mutuales, empresas recuperadas y pymes, a los que no llega la banca tradicional. Tendrán tasa subsidiada y el Estado realizará un fondeo de al menos $10 mil millones a través del INAES, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo buscará ampliar los programas de empleo, como el Te Sumo, para que sea más masivo que para 50 mil trabajadores. Y poder replicar la combinación de trabajo formal con planes sociales, tal como se hizo en las economías regionales. El pedido de las organizaciones es por más trabajo y menos planes.
También habrá medidas para fortalecer las transferencias, como las jubilaciones y las asignaciones familiares y un bono para los informales, que descartan llamarle “IFE”, dado que será mucho más focalizado. Otro de los anuncios tendrá foco en la clase media y será un guiño a la CGT, dado que volverá a subirse el piso del impuesto a las ganancias, para que debajo de los $175 mil los trabajadores no paguen.
El paquete sería de al menos medio punto del PBI, estima la consultora Equilibra. El ratificado gabinete económico acepta la crítica de la vicepresidenta Cristina Kirchner de “atraso salarial y aceleración de precios”. Sin embargo, descartan la idea de “ajuste económico” con el informe del exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, devenido en consultor, que estableció que el gasto corriente creció este año 12% en términos reales contra 2020. Además, desde el ministerio de Economía aseguran que de la reforma tributaria de 2017 que contenía bajas de impuestos “no quedó nada”, y fueron subidos todos los “impuestos progresivos”.
Que suban los ingresos
En cuanto a la idea de “expandir”, uno de los funcionarios del gabinete económico aseguró: “Lo que más queremos es subir ingresos. Siempre se puede hacer más cosas, el tema es con qué reservas”. En este sentido, agregó que “el financiamiento está jugado, hay que tener cuidado con la maquinita para preservar el equilibrio macroeconómico”. No se consideran “monetaristas ni fiscalistas”, pero alertan que hoy el gasto se financiará con emisión monetaria, que podría derivar en un aumento de la brecha cambiaria por un Banco Central con la “peor posición” para un año electoral, y que una nueva aceleración de la inflación terminaría “perjudicando” a los que se buscaba ayudar.
El rumbo económico para las decisiones será profundizar la idea de “sintonía fina”, aquella que acuñaba Cristina Kirchner en su segundo gobierno, para alcanzar el punto medio entre “expandir y estabilizar”. Ponen como ejemplo la idea de mantener subsidios energéticos, pero segmentados, o de frenar temporalmente las exportaciones de carne, pero no en su totalidad.
