De esta forma, no recibirán subsidios y pagarán la tarifa plena los consumos realizados desde el 1 de septiembre de 2022 que excedan el umbral de 400 kWh mensuales y que se encuentren en la categoría 3, de ingresos medios, en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
El límite rige para todo el país con excepción de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y La Rioja, cuyo tope será de 550 kWh/mes debido a que en dichas jurisdicciones la cobertura de gas natural por redes no supera el 25% de los hogares.
Aquellas personas que excedan ese tope de consumo pasarán a pagar la misma tarifa-sin subisios- que paga el Nivel 1, integrado por los usuarios de mayores ingresos, a quienes se le quitará -de manera gradual- toda la asistencia estatal.
Según indicó la secretaria de Energía, Flavia Royón, el mes pasado, el límite de consumo de 400 kWh mensuales es “generoso” porque de los 9 millones de hogares que solicitaron mantener subsidios de luz y gas, “el 80% consume menos que eso” y “un hogar tipo consume entre 200 y 250 kWh”.
En tanto, para los usuarios del nivel 2, integradas por las personas de menos ingresos, no se les aplicará ningún tope al considerarse que los mismos “no podrían afrontar el pago de nuevos incrementos del servicio”.
Al encontrarse “limitada la posibilidad de reducir el nivel de consumo de energía a través de incentivos económicos debido a que se encuentra condicionado por otras variables, tales como la cantidad de integrantes del hogar, las característica de la vivienda y la eficiencia de los artefactos domésticos”.
El tope apunta a que no haya solo un ahorro de subsidios que paga el Estado por las tarifas, sino también incentivar a la población al ahorro de energía.
En ese sentido, la resolución señala que “la eficiencia energética” se entiende como un “lineamiento estratégico que debe encontrarse presente en las regulaciones atinentes a la materia, debido al impacto positivo que representa”, y las medidas que la tienen en cuenta “implican una significativa reducción de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero”.
Los topes, por lo tanto, buscan “asegurar la distribución equitativa de los subsidios a la energía de conformidad con el uso racional y responsable de los recursos energéticos”.
