La denuncia desembocó en una investigación que fue formalizada por el fiscal federal, Francisco Snopek, ante el juez de Garantías 2, Miguel Medina, quien el lunes pasado presidió una nueva audiencia por este caso, en la que la defensa del empleado acusado intentó en vano el sobreseimiento de su cliente y la acusación sigue firme.
Fuentes oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Nación informaron que la investigación es por el delito de "violación de secreto en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público" y tiene como único acusado a un empleado de las oficinas locales de la ANSeS.
El caso se inició a partir de la denuncia de una ciudadana, empleada de la Cámara de Diputados, quien solicitó la investigación penal por la violación de datos confidenciales que estaban en resguardo de un organismo nacional.
La mujer apuntó contra el empleado de la ANSeS, ya que de una verificación interna se estableció que la documentación cuestionada y relacionada a su actividad laboral, ingresos y otros datos previsionales, fue extraída del CPU asignado a dicho funcionario público, quien se desempeña en ese organismo.
La denunciante sostuvo que estos documentos fueron luego difundidos en un semanario local, publicación que calificó de difamatoria. La denuncia fue radicada el 6 de noviembre de 2019. A partir de ello, el fiscal avanzó con las actuaciones preliminares, circunstancias en que la afectada designó a una abogada como querellante en el caso.
Cuestionamientos
En la última audiencia por este caso, bajo la dirección del Juez Medina, la defensa del empleado, a cargo del abogado, Matías Adet, realizó una serie de planteos para desvincular a su cliente de la acusación.
Primero cuestionó al fiscal por no haberse opuesto a la constitución de la querella, pues consideró que la misma ingresó al proceso fuera del tiempo establecido por el Código Procesal.
Asimismo, solicitó la nulidad de determinadas actuaciones procesales previas y el sobreseimiento del acusado.
La fiscalía rechazó los fundamentos y adujo que realizó una interpretación equivocada respecto a las normas que permiten la actuación del querellante, cuya constitución en el proceso se encuentra legitimada. Snopek señaló que no hubo ninguna falencia que haya afectado el derecho de defensa.
Por su parte, el juez se volcó por el planteo del fiscal, tras lo cual dispuso rechazar el pedido de sobreseimiento y de esta manera la investigación se mantiene firme.