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DICTADA POR EL JUEZ NELSO ARAMAYO

Apelan una sentencia de nulidad a favor del ex intendente Rubén Méndez

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, presentó un recurso de apelación ante el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal. El recurso presentado es por el decreto de nulidad absoluta de la audiencia de declaración.

Las dos causas que se siguen en contra de Méndez Salazar no tienen vinculación entre sí.
Las dos causas que se siguen en contra de Méndez Salazar no tienen vinculación entre sí.

El decreto de audiencia de imputación y la solicitud de la elevación a juicio solicitados contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, dictados por el juez Nelso Aramayo.

Entre los argumentos para dictar la nulidad, Aramayo consideró que Cazón “le recepcionó (al imputado) declaración indagatoria siete meses antes de haber efectuado el decreto de audiencia de imputación” y que “se advierten graves irregularidades en las actuaciones remitidas por el fiscal Cazón, que afectan el debido proceso penal. Debe entenderse que el decreto de audiencia de imputación resulta ser un acto inicial del proceso con la formalización de la imputación fiscal. Formulado el decreto de citación a audiencia de imputación, el fiscal debe llamar al acusado a audiencia, a fin de poner en su conocimiento, con la presencia de su defensa técnica”.

En la apelación presentada por Cazón el 29 de noviembre de 2.021 -y que fue remitida al Tribunal de Impugnación el 7 de diciembre- niega haber violado el debido proceso y advierte al juez Nelso Aramayo que confundió la fecha de notificación de la imputación con la imputación y declaración de Méndez Salazar.

Los hechos

El 23 de diciembre de 2.020, el fiscal Armando Cazón citó a Rubén Méndez Salazar a audiencia de imputación por la supuesta comisión del delito de malversación de caudales públicos e incumplimientos de deberes de funcionario públicos.

La intervención de Cazón había iniciado a raíz de una denuncia presentada el 26 de octubre de 2.020 por el entonces presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Blademir Villalba, en contra del intendente Rubén Méndez Salazar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos o caudales públicos. El exconcejal argumentó, entre otros, que Méndez no había presentado los presupuestos 2.019 y 2.020 y que no había hecho efectivas algunas medidas tomadas por el Concejo.

Luego de realizar la investigación correspondiente, el fiscal Penal de Salvador Mazza, labró el decreto de imputación y citó a Méndez Salazar el 23 de diciembre de 2.020 a la audiencia de imputación.

Méndez Salazar solicitó la suspensión de la audiencia, que finalmente tuvo lugar el 23 de febrero de 2.021. Asistido por su abogada, María Liliana Sagárnaga, el ex intendente se negó a declarar y firmó –junto a su defensora- el acto de imputación. Sin que Méndez interpusiera ningún tipo de nulidad al Decreto de Imputación y/o a la declaración de imputado, y habiendo vencido de sobremanera el plazo para plantear el mismo, el 14 de octubre de 2.021, Cazón notificó al juez Nelso Aramayo el decreto de imputación, transcribiendo la imputación efectuada el 23 de febrero de 2.021.

A entendimiento de la Fiscalía, el Juzgado habría interpretado mal la fecha del decreto de imputación valorado como fundamento de la nulidad dispuesta.

Las dos causas en contra del ex intendente no tienen vinculación alguna

Paralelo al proceso judicial, en agosto de 2.021, ingresó una denuncia anónima a la web de https://www.fiscalespenalesalta.gob.ar en contra de Méndez Salazar que investigó la Unidad Fiscal compuesta por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos) y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal). El 13 de octubre se realizaron una serie de allanamientos y secuestros que culminaron con la imputación del ex intendente por enriquecimiento ilícito; peculado (tres hechos) en calidad de coautor; peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. También fueron imputadas otras 11 personas.

En diciembre de 2.021, Salinas Odorisio ordenó la realización de una pericia contable con la posibilidad de participación de peritos de las defensas. Para ello, solicitó a la Fiscalía Penal de Tartagal el 29 de diciembre de 2.021, que remita la causa a la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

Las dos causas que se siguen en contra de Méndez Salazar no tienen vinculación alguna y son independientes una de la otra.

 

 

 

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