Tal como sucedió en marzo pasado, cuando se dispuso la misma medida para Adrián Guillermo Saavedra, otro de los hermanos acusados, la jueza de Garantías 1, Ada Guillermina Zunino, dictó un fallo de 14 fojas que concluyó con la decisión de otorgar el mismo beneficio a Carlos Damián.
De esta manera, el único de los tres hermanos acusados que queda tras las rejas es Javier, cuya situación procesal es considerada compleja, debido a que un cotejo genético con rastros recogidos en la escena del crimen, ocurrido el 27 de enero de 2.017, resultó positivo y, con ello, su suerte parece sellada.
Para la defensa, sin embargo, la fuerza de esta prueba podría derribarse con una contraprueba, medida que, hasta el momento, el juzgado ni la fiscalía están ansiosos por llevar adelante y, a modo de excusa, se escudan en que dicho estudio ya debería ser ordenado por el tribunal que asuma el juicio a los tres acusados.
La detención de los tres hermanos, como se conoce, se registró el 20 de septiembre como resultado de una nueva investigación encarada por la Unidad de Femicidios, tal como lo había requerido la Corte de Justicia luego de confirmar la absolución de Horacio Vargas y Nicolás Cajal, este último viudo de la víctima, quienes fueron llevados a juicio en una acusación promovida por el ex procurador general, Abel Cornejo, ahora candidato a diputado provincial.
Ya respecto a este nuevo fallo favorable, el penalista secundado por su heredero, resaltó el encarcelamiento de su cliente como el medio de coerción más gravoso para un ser humano, lo que exige como tarea previa “la necesidad de evaluar la posibilidad de aplicar medios menos lesivos para el imputado, como es el caso de la prisión domiciliaria”, medida que reclamaron para Carlos Saavedra.
Más allá de la morigeración planteada, señalaron que la alternativa propuesta tiene como “fin supletorio mantener al imputado en contacto con la vida en comunidad, y, en cierto sentido, favorecer su rehabilitación con el menor costo psíquico y físico posible”.
Además, remarcaron que la prisión domiciliaria “se condice con la orientación contemporánea de las ciencias penales, que contemplan el criterio de la pena con un criterio ante todo humanístico y correccional, más que de puro castigo retributivo”.
Entre otros fundamentos, dijeron que la medida requerida debe ser considerada como una solución intermedia y equitativa entre los derechos y garantías del acusado y la demanda de justicia.
“Acompañamos a la familia para evitar tanto dolor”
La defensa se mostró conforme con el fallo de la jueza, pues la decisión tomada era “algo que sabíamos iba a suceder debido a la orfandad probatoria con la que se acusó a los Saavedra”.
“Con mi hijo, acompañamos no sólo a nuestros defendidos, sino a su familia y amigos para que nunca más se cometa tanta injusticia, arbitrariedad que ha generado un gran dolor, sin tener como fundamento ninguna causa jurídica que lo justifique”, sostuvo Arancibia a este medio.
Sobre la decisión de la magistrada, los letrados consideraron ajustado a derecho el análisis realizado por la misma. En su fallo, cabe indicar, la jueza coincidió con varios aspectos de neto corte constitucional aludidos por los defensores, al igual que otros aspectos relevantes de la situación personal de Carlos Saavedra.
Tal como lo señaló la defensa, la jueza dijo que el acusado posee trabajo en blanco con “antigüedad, desempeñándose en Aguas del Norte desde el año 2.008, pauta demostrativa de arraigo al medio, lo que neutraliza las pautas configurativas de peligro de fuga”.
Sumado a esa situación, existen “lazos familiares que lo vinculan de modo estable al medio, habiendo sido padre recientemente, lo que indica que tras realizar el análisis comparativo de aquellas circunstancias que permitan predicar positivamente sobre la existencia de peligrosidad procesal, en este estadio del proceso se ven superadas por aquellas que permiten inferir que dicho riesgo procesal se ha atenuado, y por ende la medida de coerción personal debe ser sustituida por otra de menor rigor”, afirmó Zunino.
A lo que cabe añadir que “las medidas pendientes aludidas por la Fiscalía al oponerse al pedido de libertad y la demora en su realización, no pueden atribuirse a una conducta del encartado, a las que ha sido ajeno y quien se encuentra privado de su libertad”.
A seis años del femicidio de Jimena Salas, aún no se ha condenado a nadie, pero los hermanos Saavedra son los principales sospechosos. Dos de ellos, Carlos Damián y Adrián Guillermo, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria.
Entre tanto, Javier “Chino” Saavedra seguirá detenido en la cárcel mientras avanza el juicio por el asesinato de la mujer. Su situación procesal es mucho más complicada, pues se hallaron rastros de su ADN en la escena del crimen.
Los tres fueron imputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Salas. Adrián fue el primero en recibir domiciliaria, y ahora Carlos también, pero todas las pistas apuntan contra ellos.
