La condena, dictada el 13 de abril pasado a instancia de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, es la primera obtenida por este delito por el Ministerio Público Fiscal bajo el sistema acusatorio, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019.
El fallo reviste carácter de histórico para Salta, pues es el primero en dictarse en el fuero federal, ya que los registros del sistema mixto sólo consignan causas penales en trámites por este delito, pero ninguna que haya llegado a juicio.
El fiscal federal José Luis Bruno dirigió la acusación y contó para ello con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) del MPF, cuya titular es María del Carmen Chena.
Tanto en su alegato de apertura como al momento de pedir la declaración de culpabilidad, el fiscal, junto a los auxiliares fiscales María del Carmen Núñez y Luis Valencia, señaló la responsabilidad de Estanislao Moreno en la actividad ilícita que llevaba adelante su hijo Ramón.
El caso, según lo alegado, se inició en 2020 a partir de la investigación de una organización narcocriminal que ingresaba estupefacientes desde el Estado Plurinacional de Bolivia a través de los pasos fronterizos no habilitados de Santa Victoria Este.
Desde allí, la droga era transportada a localidades colindantes como Morillo, Coronel Juan Solá en Salta, e Ingeniero Juárez en Formosa. Así, y después de un acopio importante, el traslado proseguía hasta Buenos Aires, destino final de distribución y comercialización.
Reunidas las evidencias suficientes, el 10 de agosto de 2021 se llevó adelante un procedimiento que permitió desarticular la organización, aunque no se pudo detener a su líder, Ramón Abel Moreno. No obstante, tres de sus cómplices fueron detenidos y se secuestraron 19 kilos de cocaína.
Aunque la defensa hizo un denodado esfuerzo por darle imagen de licitud a las operaciones comerciales aludidas por la fiscalía, el tribunal integrado por los jueces Abel Fleming (presidente), Gabriela Catalano y Domingo Batule, falló en consonancia con lo requerido por la fiscalía y declaró culpable a Moreno.
Perfil patrimonial insuficiente
Sobre el caso, el fiscal dijo que, a la par de las tareas de campo e inteligencia criminal a cargo de personal de la Sección Aguaray de la Gendarmería Nacional, se lograron reunir evidencias suficientes que permitieron acreditar la participación de Estanislao Moreno en la simulación, entre ellas un informe de la DGRADB y de otros organismos de contralor, como la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El fiscal destacó en este sentido, las declaraciones testimoniales brindadas en el juicio por un experto de la DGRADB, el contador Damián Gabriel, quien se refirió al perfil patrimonial del acusado, como de otros especialistas en la materia: el jefe de la División de Investigación de Narcotráfico de AFIP y funcionarios de la Dirección de Aduanas y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
A partir de estos testimonios como de otros gendarmes que realizaron tareas de campo y la labor de la investigadora Analía Cabral Castellanos, de la Sede Orán, se pudo comprobar que Moreno de 64 años, registraba bienes a su nombre, en particular varios automotores, los cuales no podía justificar dado su poder adquisitivo.
"Con el fin de ocultar fondos provenientes de la actividad del narcotráfico realizado por su hijo Ramón Abel Moreno, convirtió y disimuló bienes poniéndolos a su nombre, con lo cual posibilitó su circulación en el mercado", sostuvo el fiscal respecto a la conducta del acusado.
El caso se inició en 2020 a partir de la investigación de una organización narcocriminal que ingresaba estupefacientes desde Bolivia a través de los pasos fronterizos no habilitados de la localidad de Santa Victoria Este. Entre los bienes identificados, mencionó la adquisición de una camioneta Toyota Hilux, dos motocicletas Honda Tornado y otras dos marca Gilera.
Por ejemplo -señaló el fiscal- en 2021 Moreno adquirió la camioneta Toyota Hilux, modelo 2019, a un valor de 2.250.000 pesos, cuando sus ingresos netos en todo el año ascendían a la suma de 1.050.000 pesos, entre otros desajustes financieros. Los investigadores del caso afirmaron que Estanislao Moreno nunca fue visto conduciendo el rodado, sino que lo hacía su hijo.
