En primera instancia se hizo lugar al reclamo indemnizatorio considerando que correspondía encuadrar la causa en un despido indirecto producto del acoso laboral.
Solo se hizo lugar, parcialmente, a la apelación del empleador revocando la procedencia del rubro SAC sobre las vacaciones proporcionales de 2016, ya que dicho monto no fue solicitado por la ex empleada. El empleador deberá pagar más de un millón de pesos más los intereses por los distintos rubros, incluyendo el daño moral.
El artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que: “Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso”.
La mujer se consideró injuriada y despedida por exclusiva culpa de la patronal. Luego de una licencia médica se reintegró a su lugar de trabajo dándose con la novedad que le habían quitado tareas, sufriendo situaciones de acoso, moobing y persecución laboral. Incluso fue obligada a sentarse en una silla en una esquina, sin tarea ni ocupación similar a la que tenía anterior a su licencia. Incluso se le negó la atención al público, por lo que intimó a la patronal para que se le otorguen las tareas normales y habituales, con apercibimiento de considerarse despedida e injuriada. Luego de ello y ante la falta de respuesta se retiró del lugar de trabajo.
Los jueces Sergio Osvaldo Petersen y María Constanza Espeche señalaron que surge con claridad que “la causa que motivó el despido fue el maltrato laboral que venía denunciando, el que se configuraba (entre otras situaciones) en la quita de tareas y su marginación, al punto de quedarse sentada sin hacer nada”. Incluso el empleador había dado órdenes que no se le dieran tareas.
En su escrito de demanda la mujer relató los hechos de maltrato laboral, entre los que se encuentra la quita de tareas, reeditó lo expresado en ambas misivas y expuso que su despido indirecto obedeció a la causa de moobing laboral que sufría en su trabajo, lo que además –denuncia- derivó en un detrimento de su salud psíquica.
El empleador en su apelación señalaba la falta de configuración de la causal de despido invocada. La causa invocada por la mujer fue el “mobbing”, este se define como “el fenómeno en el que una persona o grupo de personas ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente –al menos una vez por semana- y durante un tiempo prolongado –más de seis meses- sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”.
En el caso la mujer “aportó elementos suficientes para configurar los indicios serios y concretos acerca de la veracidad de los hechos”, denunció ante la empleadora, telegrama mediante, ser víctima de un maltrato laboral proferido por su superior, cuestión que lejos de ser atendida fue compulsivamente negada por la patronal.
Uno de los testigos en la causa señaló que conocía a la mujer de su trabajo y que la encontró llorando, en una comisaría, el día que fue a realizar la exposición porque fue a trabajar “y nadie le asignó tareas y que se sintió como algo inservible y por eso fue a hacer una exposición, dejando constancia que se retiró de su trabajo”.
A la mujer, quien con anterioridad cumplía funciones de secretaria a cargo de las cuestiones administrativas, incluso le prohibieron hablar por teléfono. Existían órdenes de que la mujer “no debía hablar con nadie y que nadie debía dirigirle la palabra”.
La mujer en las entrevistas psicológicas dijo “me sentía nada, después de hacer todo, de estar al frente de todo me convertían nada”, lo que a criterio de los peritos “muestran el grado de aniquilamiento subjetivo que vivenció la examinada manifestando síntomas físicos (dolor de cabeza recurrente, tensión muscular, dolores articulares, temblores) como psíquicos”.
Por ello los jueces Petersen y Espeche señalaron que en la causa se introdujeron “indicios serios y razonables respecto de los hechos de acoso laboral denunciados”.
Señalaron también la conducta omisiva de la empleadora que luego del primer telegrama de la empleada denunciando las situaciones de maltrato laboral se limitó a negar y rechazar lo expuesto por la trabajadora. “No surge del intercambio epistolar ni de las constancias de la causa que la empleadora hubiere realizado algún tipo de sumario o investigación a los fines de la averiguación de lo denunciado”.
