El 12 de enero pasado, Aldana Quico, que estaba embarazada, falleció por falta de atención hospitalaria. Era oriunda de la comunidad La Puntana de Santa Victoria Este, y buscó ayuda al momento de presentar fuertes dolores de parto.
Lo más cerca de la comunidad es un puesto sanitario, donde según la familia indígena, sólo atienden auxiliares de enfermería y no hay ambulancia.
Al llegar al Hospital de Tartagal, Aldana pide que se le practique cesárea porque cree que puede sufrir aborto espontáneo.
La familia de Aldana denunció penalmente al tocoginecólogo, Patricio Parra Marín, porque a pesar de que Aldana había ingresado al Hospital con el feto muerto, no le practicó la cesárea correspondiente, pretendiendo que esperara a tener "un parto normal".
A la fecha, y en declaraciones a Radio Nacional Salta, miembros de su familia comunicaron que recibieron amenazas telefónicas a los fines de amedrentarlos para que no se denuncie este hecho a la justicia.
Sin embargo, la familia doliente y su comunidad, informaron que se mantendrán firmes en este reclamo para que nunca más se practique violencia obstétrica ni institucional sobre el cuerpo de una mujer indígena.
Sanciones administrativas
Así lo anunció la subsecretaria en Gestión de Salud de la Provincia, Silvia Cardozo, encargada de investigar mediante un proceso administrativo esta muerte en el Hospital Juan Domingo Perón, y sostuvo que hubo una negligencia de una parte del equipo sanitario interviniente, adelantando en declaraciones a medios locales que habrá sanciones.
