Rosa Fabiola Díaz, quien cayó en desgracia en febrero pasado, cuando fue denunciada junto a su hermana y concejal Paola Díaz, por administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, los cuales estaban en su poder y correspondían a donaciones remitidas por distintas organizaciones en favor de comunidades originarias.
En marzo pasado, Castiella presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento una acusación. En la misma sostuvo que se detectaron más de 250 casos que se encontraban en condiciones de ser iniciados por Díaz, pero que permanecieron inactivos, con el consiguiente perjuicio para las personas que habían requerido de esta asistencia del Estado.
En otro proceso, la Procuración General denunció a la defensora por presunta retención de donaciones destinadas a comunidades Wichí. A ello, se sumó otra denuncia interpuesta por el Defensor General por una presunta intervención en una cuestión vinculada a una usurpación de una posesión en la ciudad de Joaquín V. González, Departamento Anta.
El Tribunal de Enjuiciamiento, cabe señalar, se encuentra presidido por el Presidente de la Corte de Justicia de Salta Guillermo Catalano e integrado, además, por el Juez de Corte Horacio José Aguilar, el presidente de la Cámara de Diputados Esteban Amat Lacroix, el presidente de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado Jorge Soto, el Secretario Legislativo de la Cámara de Senadores Luis Guillermo López Mirau, el Fiscal de Estado
Agustín Pérez Alsina y el Secretario Legislativo de la Cámara de Diputados Pedro Mellado.
Para los integrantes del Jury, las acusaciones contra la funcionaria podrían configurar - dijeron los miembros del Jurado de Enjuiciamiento - “prima facie, mediante una valoración integral y armónica, y con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, las causales de comisión de delito común, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.
