No obstante, permanecerá detenida cumpliendo la condena por la causa "Pibes Villeros" y la de "Las bombachas".
Así lo indicó el juez Rodolfo Fernández de Control en lo Penal Económico y Delitos Contra la Administración, a cargo de la denominada Megacausa, impulsada por el actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales, cuando inició su primera gestión, que indaga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas, la que promovió la imputación de 23 personas, entre ellos ex jefes comunales, el ex gobernador Eduardo Fellner y la dirigente jujeña.
Fernández indicó en diálogo con Canal 7 de Jujuy que se trata de "un simple trámite procesal que se da en cualquier proceso". "Hay un tiempo razonable, que es de dos años, a fin de que una persona sea privada de su libertad para que se investiguen las conductas delictivas que se le atribuyen. Transcurrido ese plazo sin que hubiese sentencia, condenatoria o absolutoria, deberá ser puesto en libertad", explicó.
También aclaró que la resolución refiere a la "Megacausa", es decir que "es en esta sola causa y no tiene efecto extensivo a las demás, y no lo podría tener nunca, porque la mayoría está en la Corte Suprema".
De esta manera, Sala permanecerá entonces privada de su libertad y a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso extraordinario presentado por su defensa en la causa conocida como "Pibes Villeros", en la que fue condenada a 13 años de prisión el 14 de enero de 2019 por dirigir una asociación ilícita, en concurso real por fraude en perjuicio de la administración pública (coautora) y extorsión (coautora). En el juicio se investigó el desvío de más de $60 millones de fondos estatales que habían sido cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales entre 2011 y 2015, las cuales nunca se efectuaron.
Planteo rechazado
La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó un planteo a través del cual el fiscal Carlos Stornelli había solicitado el dictado de una medida cautelar para impedir la puesta en marcha del observatorio Nodio, informaron fuentes judiciales.
El Nodio, aún en etapa de formación, fue presentado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual como un observatorio dedicado a registrar, analizar y prevenir el caudal de informaciones y contenidos maliciosos y falsos en los medios de comunicación masivos.
La magistrada entendió que en la presentación del fiscal "no se verifica -más allá de las formulaciones genéricas e invocaciones a normas de distinta jerarquía- de qué modo concreto la creación del organismo afectaría el derecho a la libertad de expresión protegido por la Constitución Nacional", según consta en la resolución.
En relación al pedido de indagatoria contra la titular de la Defensoría, Miriam Lewin, la magistrada solicitó a ese organismo toda la documentación y normativa para la creación y la puesta en funcionamiento para analizar si se desprende de allí la comisión de algún delito, algo que tampoco estaba demostrado en el dictamen de la fiscalía, indicaron fuentes judiciales.
