Los nuevos detenidos, todos de San Salvador de Jujuy, fueron imputados por la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, en el marco de la investigación formalizada el 7 de febrero pasado, como resultado del allanamiento en la finca Los Chalchanios, en la localidad de La Caldera.
En el lugar, se secuestraron más de diez mil plantas y plantines de marihuana, 75 kilos del mismo estupefaciente.
También se detuvo a dos hombres, uno de ellos el administrador de la finca y un cuidador. Otros dos empleados de la plantación fueron detenidos en Jujuy, a los que ahora se sumaron tres más. Dos de ellos fueron apuntados como los líderes de la organización que llevó adelante la enorme plantación, hecho por el cual a todos se les imputó el delito de siembra y cultivo de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes. En la audiencia, el fiscal general Eduardo Villalba amplió la acusación a los nuevos detenidos.
Se trata de Sergio Humberto Salum, Rodrigo Martín Farfán y Víctor Nicolás Coronel, quienes fueron detenidos en procedimientos realizados en distintos domicilios. Al momento de referirse al caso, la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, explicó a la jueza federal de Garantías N°2, la situación de los tres jóvenes, cuyas detenciones se derivaron de una serie de pruebas reunidas a partir de diligencias investigativas, entre ellas los informes técnicos realizados a los teléfonos celulares secuestrados a los primeros acusados. Entre otros fundamentos, sostuvo que Salum y Farfán supervisaban las tareas en la finca, lo que surge de la cantidad de llamadas que realizaban a los otros acusados, como así también varios mensajes, mediante los cuales impartían directivas respecto al cultivo de la droga.
En cuanto a Coronel, sostuvo que el mismo realizaba tareas menores, de índole rural en la finca y que el mismo también aparece relacionado al resto de los acusados. No se descarta que puedan existir más implicados.
En vista de los elementos de pruebas reunidos, solicitó la prisión preventiva de los tres nuevos detenidos, medida que fundó en el riesgo de fuga, la naturaleza y gravedad del hecho, como así también en la escala penal del caso, la cual no admite, en caso de recaer condena, una pena de ejecución condicional.
