Por su parte, el juez ayer defendió su “resolución cautelar” en diálogo con Nacional Salta, al sostener que hay testimonios de vecinos que indican que la desalojada “tenía su domicilio particular en Campo Quijano”.
Hoy se cumplirán 17 días desde que Martínez fue desalojada tras la denuncia que le hizo Ricardo Solá Usandivaras por usurpación.
Según la resolución del juez hubo elementos objetivos suficientes para acreditar que el denunciante era propietario del inmueble.
Ello pese a que en la cédula parcelaria Ricardo Solá Usandivaras no aparece como titular registral.
Sin embargo, en la entrevista el magistrado aseguró que nunca reconoció la titularidad de la tierra al denunciante, sino que solamente pudo acreditar su posesión.
En la resolución (que diferenció de un fallo), el juez solo mencionó que por economía procesal remitía las pruebas de la posesión de Solá Usandivaras al expediente. Según Huber, esa acreditación viene de parte de los dos únicos testigos que validó el juez, y que se trata de dos hermanos de apellido Reyes que, a su vez, son empleados de Solá Usandivaras, dado que dijeron ser caseros desde hace 30 años en esa zona.
En la radio, Rodríguez Pipino restó importancia a la prueba en la que finalmente basó su fallo (además de los testimonios de dos empleados del denunciante), y que tiene que ver con un documento de Asuntos Indígenas que primero decía que Martínez no era miembro de la comunidad, pero luego rectificaba la información al sostener que se había tratado de una equivocación.
Huber sostuvo que funcionarios del Ministerio se reunieron con el juez antes de que este tome su resolución. Pero de todos modos, y según el lanzamiento de desalojo, el juez tomó la prueba equivocada como base para decidir la medida.
Titulares también
La Comunidad se manifestó ayer hasta la Legislatura, en donde tuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy.
Allí también fueron algunas personas que dijeron ser propietarias de las tierras, si bien no tienen los papeles dado que se trata de un terreno indiviso. Reclamaron la necesidad de ser escuchados dado que en la Justicia se dio la razón a las comunidades al suspender los desalojos, y acusaron a los miembros de la comunidad de “ser usurpadores” de las tierras que son suyas.
