De acuerdo a la agenda judicial el martes 27 de noviembre finaliza el juicio iniciado el 1 de este mes, llevado adelante bajo la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales simples y agravadas.
En la audiencia de hoy está previsto declaren Barreto, y Diez Tizón. Luego serán los alegatos y la sentencia podria escucharse mañana, según consta en la agenda judicial.
Máximo rigor
La fiscal que lleva adelante la acusación, Mónica Poma, señaló que la corrupción estaba institucionalizada en dicho organismo, “por lo que su tratamiento exige el máximo rigor”.
Las denuncias de vecinos conocidas en marzo del 2016 sacaron a luz las irregularidades en la adjudicación de lotes en los terrenos anexos al barrio Parque La Vega.
Para la fiscal los dichos de los damnificados permitió conocer que la actividad de la asociación se ha desarrollado por varios años, con la intervención activa de todos los imputados, no sólo mientras Barreto, que lidera el grupo, se desempeñaba como Subsecretario de Tierra y Hábitat sino después, cuando mantenía un cargo en la estructura del área, pero íntimamente vinculado a la adjudicación de terrenos hasta años posteriores.
La fiscal señaló que de las pruebas reunidas permiten sostener que los acusados conformaron una organización delictiva, la cual estaba dirigida a la “concreción de hechos ilícitos en perjuicio de la administración pública, bajo la dirección de uno de ellos”.
“La jefatura de esa Asociación Ilícita” era ejercida por el imputado Barreto, lo cual era manifiestamente evidenciado por los “punteros”, quien al hacer los contactos con los damnificados, afirmaban “la participación directa de Barreto”, por entonces Subsecretario de Tierra y Hábitat, en la maniobra.
El resto de los imputados, en tanto, cumplían la función de integrantes o partícipes de la asociación ilícita, delito por el cual el Código Penal establece una pena de hasta diez años de prisión, pues se trata de uno de los actos de corrupción más grave, sobre todo si se cometen dentro del ámbito de la función pública.
Testificó Sarmiento
En el marco del juicio testificó quien ocupó el cargo de subsecretario de Tierra y Hábitat, desde febrero de 2016 hasta diciembre del 2017, Ángel Augusto Sarmiento.
El ex funcionario señaló frente a los jueces que constató a su ingreso, que existían irregularidades, como los faltantes de constancias de los adjudicatarios de terrenos cuyas firmas eran falsas o duplicidad de certificación de adjudicaciones, desaparición de expedientes administrativos y sustracción de hojas de libros de actas.
También los testimonios de las propias víctimas, que relataron la forma en la que fueron estafados. Así señalaban casi las mismas maniobras donde luego de inscribirse en Tierra y Hábitat para recibir un terreno, los llamaba un hombre que se identificó como Clemente, empleado del organismo, solicitando el pago de $25 mil para “filtrar” adjudicatarios.
Uno de los testigo contó que, luego, esa persona pasó por su domicilio, retiró el dinero y, a cambio, le entregó un certificado de pre adjudicación con el sello y firma de Diego Nicolás Barreto, con la promesa que se le comunicaría la fecha de entrega del terreno, algo que nunca ocurrió, enterándose por los medios de comunicación del acto de sorteo.
Otros señalaron que les ofre-cían terrenos a cambio de asistencia a actos políticos, esto de la mano de los “punteros”.
Así se estaría demostrando, y según consta en la acusación, que los tres imputados dirigentes barriales, “tenían por función el contacto y captación de personas de escasos recursos y con necesidades básicas insatisfechas como la falta de vivienda propia, a quienes les exigían la entrega de dinero en efectivo, cuyo monto variaba conforme a cada damnificado o grupo de estos, y/o la participación en actos o movimientos políticos, a cambio de salir beneficiados con un terreno social”.
El tribunal está integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte (presidente), María Victoria Montoya Quiroga y Bernardo Ruiz (vocales).
Corrupción institucional
Todo esto de la mano de que los delitos habrían sido cometidos en el ámbito de la función pública y con la participación de funcionarios de distinto rango, que aluden a una corrupción insitucional.
Según el criterio de la fiscal, “esto denota una situación de corrupción estructural en un organismo del Estado, como lo es la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, cuya finalidad central es gestionar el relevamiento de necesidades habitacionales de los ciudadanos salteños para la asignación de terrenos para vivienda única, tergiversando ese objetivo público previsto hasta constituirlo en un medio útil para la obtención de beneficios indebidos”.
