La denuncia se basa por mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
La denuncia se sumó al pedido ya formulado por el procurador general, Abel Cornejo, de apertura del proceso de enjuiciamiento y remoción de la defensora oficial investigada por el supuesto desvío de ayuda solidaria a comunidades aborígenes.
La nueva denuncia se encuentra fundamentada en la grave situación advertida por el defensor interino reemplazante de Rosa Fabiola Díaz, quien fue suspendida en sus funciones el pasado 11 de febrero, y a partir de las investigaciones e inspecciones posteriores realizadas por la Defensoría General de la provincia.
En las dependencias de la Defensoría en cuestión, se detectó una cantidad desmedida de trámites, que a pesar de contar con poder otorgado por el asistido y la documentación requerida, no fueron iniciados ni gestionados, provocándose así una situación de perjuicio e indefensión a las personas que concurrieron a la defensa pública en busca de auxilio y dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad debido a la inacción de la magistrada.
Entre los trámites judiciales que se detectaron desatendidos, se advirtieron cuestiones de inexplicable inacción ante la urgente atención que demandaban, tales como pedidos de tutelas, guardas, cuidados personales de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad o necesidad de urgente cautela judicial, lo que impidió, con esa demora, entre otros efectos personales y morales, la percepción de asignaciones o cualquier otro beneficio social. En otros casos, se puso en riesgo la continuidad escolar; las solicitudes de restricciones de capacidad; petición de cautelares sobre jóvenes con severa adicción a drogas; demandas para recobrar posesiones por usurpaciones y asuntos civiles con implicancias en violencia familiar, entre las más significativas. En otros casos, se detectó la reiteración de convocatorias para suscripción de poderes en más de una ocasión, extravíos, y en varios casos situaciones que expusieron a los requirentes de modestos recursos a recurrir a contratar abogados particulares ante la falta de respuestas a sus necesidades.
En las mismas auditorías, se detectaron requirentes de la defensa pública que ya fallecieron y sin el trámite iniciado, o beneficiarios de solicitudes de alimento que ya cumplieron mayoría de edad o se encuentran próximos a ello. Se destaca en la evaluación hecha por la Defensoría General, que en algunos casos los requirentes son integrantes de comunidades originarias, y que en todos los casos se trata de personas de escasos recursos o en condiciones de vulnerabilidad, resultando de este modo la condición de pobreza la que marca la diferencia entre quienes pudieron acceder a la justicia y quienes no.
El Defensor General sumó al caso ya conocido por el Tribunal de Enjuiciamiento, de la comunidad aborigen wichí (destinataria de los bienes originariamente donados) y materia del primer pedido de enjuiciamiento ya en curso, otro específico de una mujer vulnerable que por su condición económica requirió de la defensa pública y habría resultado involucrada en una cuestión judicial fraudulenta por la defensora cuestionada, como así también más de un centenar de personas humildes abandonadas a las que se privó de asistencia y representación técnica y procesal, dijo el Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella.
