Con este nuevo pedido, la situación del abogado quedaría seriamente comprometida.
La fiscal penal de Violencia de Género 2, María Luján Sodero, quien lleva adelante la causa penal en contra del abogado Matías Sanz Navamuel, solicitó al Juzgado de Garantías de turno, a cargo de la jueza Ada Guillermina Zunino, dicte la prisión preventiva.
A este pedido, la fiscal sumó una nueva imputación en contra del abogado, en este caso por el delito de amenazas agravadas en contra del hijo de su expareja, acusación que surgió de un hecho denunciado por la víctima en febrero pasado.
Por otra parte, requirió también la realización de evaluación psicológica y psiquiátrica de Sanz Navamuel, actualmente detenido a raíz de numerosas denuncias de violencia de género, situación que había logrado evitar a instancia del juez de Garantías Antonio Pastrana, quien se rehusó a detenerlo.
En su planteo, Sodero sustentó el pedido de prisión en la necesidad de salvaguardar la vida de la mujer hacia la cual ejerció en distintas oportunidades actos de violencia y en las reiteradas violaciones del acusado a las medidas adoptadas por la Justicia para preservar a la víctima.
Para la fiscal, esta conducta irregular del letrado se hizo extensiva también a su hijo y otra ex pareja del abogado, quien al prestar declaración testimonial también dio cuenta de episodios de violencia sufridos -también de manera sistemática y de idénticas características- por parte del imputado.
Sodero, según se informó, tomó conocimiento que el hijo de la víctima había denunciado en febrero pasado al abogado por amenaza de muerte contra él y su madre, la que habría llegado a través de una nota enviada a su domicilio.
Por ello, la fiscal sumó el delito de amenazas agravadas a las imputaciones realizadas el 14 de julio pasado de desobediencia judicial; turbación de la posesión y desobediencia judicial en concurso ideal; Coacción agravada y desobediencia judicial en concurso ideal y Amenazas agravadas y desobediencia judicial en concurso ideal (14 hechos) y amenazas agravadas.
Al solicitar la prisión preventiva, la fiscala Sodero también destacó que el acusado denunció distintos domicilios, pero al momento de realizar los allanamientos solicitados por la Fiscalía, la Policía de la Provincia no pudo dar con él en ninguno, por lo que teme que se dé a la fuga.
En su análisis de esta situación, la fiscalía sostuvo que la conducta desplegada por el acusado a lo largo del proceso penal iniciado y seguido en su contra no generó la seguridad necesaria respecto a que se someterá a los requerimientos procesales del caso.
Fundamentó el riesgo latente de que el acusado entorpezca la investigación penal en curso, ya sea a partir de actos intimidatorios con posibles testigos, o bien, lo haga con la inasistencia de audiencias u otras diligencias procesales, entre ellas las pericias psicológicas. La fiscalía considera que están dados los requisitos para disponer la prisión preventiva de Sanz Navamuel, de cuya defensa se espera ahora planteos en busca de evitar que siga tras las rejas.
El caso, en la legislatura, es calificado como un escándalo, pues el acusado cumple tareas en Diputados como en el Senado, incluso la fiscalía señaló que lo hace en comisiones vinculadas a la materia de violencia de género.
El Colegio de Abogados estaba al tanto de toda la situación
Según consta en la imputación penal contra el abogado, la víctima, ante el temor por su integridad y su vida y las de su hijo, declaró en todas las denuncias formales radicadas, que la situación de extrema violencia fue puesta en conocimiento y denunciada ante el Colegio de Abogados.
Tanto en el Tribunal de Ética de esa institución, como ante la Cámara de Senadores de la provincia, donde el imputado detenido se desempeña como asesor en la Cámara de Diputados de la provincia y las comisiones de Violencia de Género respectivas de ambas cámaras legislativas.
En su acusación penal, la fiscal Sodero indicó que los hechos denunciados se enmarcan en los parámetros de las Leyes Nº 7403, Nº 7888 y esencialmente en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará), en el que se reconocen los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de sus derechos humanos, a la par que se dispone como obligación ineludible de los Estados de reprimir la violencia de género y garantizar la protección de las víctimas, con lo cual deviene manifiesta la pertinencia, necesidad y urgencia de la detención del acusado.
Y dijo que se advierte con claridad meridiana, del relato de la víctima y de las constancias que obran, la proclividad delictiva que caracteriza al denunciado y particularmente su abierto desacato e inobservancia del mandato legal y de las consecuentes disposiciones judiciales. Consideró que es evidente una actitud acosadora, hostil, agresiva e intimidante de su parte.
