El juez de Garantías 2 ordenó elevar a juicio la causa que se sigue contra Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, imputadas como coautoras de los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos), todo ello en concurso real. Mientras que Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi están acusados como partícipes necesarios de los delitos de administración fraudulenta, y como coautores del delito de estafas reiteradas.
Argañaraz y Cerezo, en su condición de Secretaria General y Tesorera, respectivamente, tenían a su cargo la conducción y administración del gremio, pero al mismo tiempo ejercían como fiduciarias del "Fideicomiso de Administración al costo "Virgen De Urkupiña I".
En tanto, Raúl Dante Argañaraz era fiduciario sustituto en la entidad y, luego, fiduciario. Mientras que Nicolás Demetrio Zissi actuaba como asesor y encargado del Fideicomiso dentro del gremio, era mandatario con poder especial y estaba autorizado para operar con las cuentas bancarias de la entidad.
Especialistas contables aportaron sobre el fideicomiso que “el plan de negocio era inviable; Raúl Argañaraz, apoderado del fideicomiso, no tenía las aptitudes o conocimientos para el manejo de un negocio de tal magnitud”.
Citaron como ejemplo que el contrato con la empresa constructora se actualizaba con el índice CAC (Cámara Argentina de la Construcción) y la cuota docente se actualizaba por el índice de variación del salario docente-paritarias, lo que producía un desfajase entre lo recaudado y lo gastado, lo que hacía menos viable al proyecto.
Por esta razón se requería más asistencia de la ADP, a lo que la tesorera le giraba fondos constantemente para cubrir el déficit del fideicomiso. En principio fue un fideicomiso privado, sin vínculo con la ADP, y el propio estudio Jurídico del gremio dijo que no era viable ni legal ni económicamente. Ante esta situación y “después de las peleas que tuvieron Argañaraz y Cerezo, la última renunció al fideicomiso; se disolvió la administración del mismo, se relevó a Raúl Argañaraz del cargo y se paralizaron las obras y el cobro de las cuotas”.
Las única operación del fideicomiso era la construcción de 23 viviendas, que tenía 110 aportantes y ya llevaba una demora de 2 años, no hubo ninguna terminada, ni alcanzaba la plata recaudada para pagar avances de obra.
Entre otras maniobras, Patricia Argañaráz realizó gestiones para lograr la transferencia de un inmueble de la ADP hacia el fideicomiso sin pagar nada.
A su vez, en los Estados Contables de la ADP al 30/06/2018, se detectaron numerosas fallas en el control interno ya que las rendiciones de salidas de dinero no contaron con documentación comprobatoria que valide la existencia y origen del gasto siendo habitual la registración de salidas de dinero sin aplicación contable precisa y concreta.
La causa será enviada a la Mesa Distribuidora de Expedientes Penales, donde se realizará el sorteo del Tribunal de Juicio que tendrá a cargo el siguiente trámite procesal.
